jueves, diciembre 12, 2024
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PJ demanda a las autoridades del CNE-Zulia y el PSUV

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Foto: Cortesu00eda

“Estamos para exigir justicia por los derechos colectivos y difusos violados a cientos de zulianos” que apoyan el referendo revocatorio presidencial, aseguró Avilio Trocóniz, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia

“Estamos para exigir justicia por los derechos colectivos y difusos violados a cientos de zulianos” que apoyan el referendo revocatorio presidencial, aseguró Avilio Trocóniz, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, frente a la sede del Ministerio Público en Maracaibo.

El parlamentario, en compañía de militantes de PJ que trabajaron como testigos del proceso de validación, consignaron ante la Fiscalía la denuncia de presuntas irregularidades cometidas por Marisela González, directora de la Oficina Regional Electoral (ORE), y los líderes del PSUV, Jenny Cedeño y Enrique Parra.

“La señora Marisela González, por acción u omisión, dejó de cumplir sus funciones y delegó todo a estos dos representantes del PSUV que fueron los que durante todo el proceso de validación dieron instrucciones para que allí se aplicaran las violaciones a los derechos de los validantes, tal como la aplicación del plan morrocoy o el control de los funcionarios militares”.

El diputado anexó a su denuncia la firma de decenas de ciudadanos que acudieron al punto instalado en la ciudad de Maracaibo y no pudieron realizar la validación presencial de su firma “por los inconvenientes de los horarios, porque la distribución de las máquinas no correspondía a la proporción de los municipios y los operadores jugaron a demorar el proceso de las captahuellas”.

Trocóniz califica como “vergonzoso” casos como el de San Francisco, que no tuvo punto de validación aun cuando en la base de datos que verificó el CNE, 19 mil 621 personas en ese municipio estaban llamados a validar.

Esta denuncia será replicada por el partido aurinegro en todos los estados del país, “para sentar un precedente y dejar constancia” de la cantidad de “irregularidades” que en el proceso se cometieron.

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