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El juez a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, después de cuatro días de audiencias, dijo que con base en el peligro de obstaculización a la verdad, lo “prudente” era decretar el auto de prisión preventiva a la ex funcionaria de aduanas.
Méndez está acusada de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, y de participar en la red de corrupción, supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), ambos en prisión preventiva por el caso.
Por su parte, la defensa de Méndez negó posibilidades de obstaculización a la verdad y peligro de fuga y además, pidió que se decretara “arresto domiciliario”, algo que el juez descartó.
Gálvez reconoció que la libertad es “lo más sagrado de una persona”, pero que por la esencia del proceso, una gran estructura criminal, sí puede existir el peligro de “limitar que el Ministerio Público conozca la verdad”.
El MP y la CICIG establecieron que Méndez Ascencio recibía cada semana unos 20.000 dólares como miembro de “La Línea”, equivalentes al 5 por ciento del total de sobornos obtenidos por la red criminal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).