Cinco funcionarios de la policía de Aragua fueron puestos bajo la orden de la Fiscalía General y serán presentados próximamente en tribunales por su supuesta relación con el crimen, anunció el defensor del pueblo Tarek William Saab en su cuenta de Twitter
El Ministerio Público abrió un proceso judicial a cinco funcionarios de Poliaragua por su presunta relación con el asesinato de un joven que fue captado en un video y difundido por medios locales e internacionales.
Dos fiscales serán los encargados de investigar el asesinato de cuatro personas presuntamente a manos de policías en la localidad de San Vicente. El MP informó que “las víctimas” son Omar Efrén Ramírez Ibarra (26), Nicolás Manuel Salgado Silva (35), Douglas Ernesto Bolívar Reyes (24) y Leonardo Alfredo Noguera Rubio (21).
Cinco funcionarios de la policía de Aragua fueron puestos bajo la orden de la Fiscalía General y serán presentados próximamente en tribunales por su supuesta relación con el crimen, anunció el defensor del pueblo Tarek William Saab en su cuenta de Twitter.
Medios locales e internacionales divulgaron ayer en sus páginas web un video en el que se observa al menos a nueve funcionarios de la policía de Aragua durante la detención de un joven que es sujetado por los brazos y al que luego le disparan y cae al suelo. En el mismo callejón se ven otros tres cuerpos en el piso.
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El gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, dijo en un comunicado que ordenó la detención de los policías comprometidos con esa “aborrecible y desviada práctica policial” y notificó a la Fiscalía General para que abra la investigación penal sobre el hecho ocurrido el 5 de agosto en la zona industrial de San Vicente.
El Aissami agregó que pidió a la dirección general de la policía de Aragua la apertura de un procedimiento de destitución de los oficiales implicados en el hecho y solicitó al Ministerio de Relaciones Interiores la inspección del cuerpo policial.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó el plan de seguridad que activó el mes pasado el gobierno alegando que representa una “razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad”.
Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, indicó que hasta la fecha la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo no han abierto investigaciones sobre las denuncias realizadas por familiares de personas fallecidas durante la aplicación del plan de seguridad sobre presuntas ejecuciones policiales.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González López, defendió las acciones realizadas en varios puntos del país y aseguró que los funcionarios actuaron apegados a la ley.
Provea reportó en su informe anual de 2014 un incremento en el número de víctimas de violación del derecho a la vida, de los cuales 85,9 por ciento correspondieron a ejecuciones, e indicó que esa situación se explica por “el aumento de la actuación violenta y letal de los cuerpos policiales”.