Los jefes de los ministerios públicos de seis países miembros del Mercado Común del Sur rechazan destitución de Luisa Ortega Díaz
Los fiscales y procuradores generales de los países miembros y asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur) rechazaron ayer la destitución “ilegal” de Luisa Ortega Díaz de su cargo como fiscal general de la República, y afirmaron que desconocen la autoridad de su sustituto Tarek William Saab, exdefensor del Pueblo.
En una declaración conjunta, los fiscales señalaron que la “destitución ilegal” de Ortega Díaz es “un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público (MP)”.
Destacaron en el escrito que “los ministerios públicos de los Estados parte y asociados del Mercosur no reconocen la autoridad de una institución encabezada por autoridades ilegal y arbitrariamente designadas”.
“La destitución de la fiscal general de Venezuela representa una violación de la regla cuatro de los principios rectores relativos a la función de los magistrados del Ministerio Público”, aprobados por las Naciones Unidas en La Habana en 1990, apuntó el comunicado.
Según ese principio, “los Estados deberán asegurar que los magistrados del Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna intimidación, obstáculo, coacción, interferencia indebida o exposición injustificada a la responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza”.
“Con ese ilegal acto, se provoca un daño profundo al Estado de Derecho en especial en su faceta de administración de justicia, que afecta de manera directa a todos los habitantes de Venezuela, en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados”, citó el escrito.
Los fiscales y procuradores también advirtieron que el país quedó “huérfano” de una institución que “conduzca investigaciones de manera independiente e imparcial”.
Alteración del sistema
Afirman que “la Asamblea Nacional Constituyente, elegida el pasado domingo en una cuestionada votación y sin participación de la oposición, “pretende alterar el sistema acusatorio y suprimir las competencias del Ministerio Público venezolano”.
“El cerco militar al edificio de la Fiscalía General venezolana ocurrido el sábado es solo el signo visible de este ataque a la autonomía de la institución, ataque que se agravó con el derrocamiento de la legítima jefa del Ministerio Público venezolano”, subrayó el texto.
La declaración fue firmada por los fiscales generales: Rodrigo Janot de Brasil; Alejandra Gils Carbó de Argentina; Javier Díaz de Paraguay; Jorge Díaz Almeida de Uruguay; Jorge Abbott Charme de Chile y Pablo Sánchez Velarde de Perú.
La declaración conjunta consideró “la suspensión de Venezuela del Mercosur por violación de la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia”, tomada el sábado por los cancilleres del bloque reunidos en Sao Paulo.