Ayer mediante un comunicado emitió su pronunciamiento acerca de la actuación de la Asamblea Nacional, que permitió esta semana la incorporación de dos diputados de Amazonas y el representante indígena de la región sur
La Procuraduría General de la República (PGR) cierra filas con el TSJ y el Ejecutivo. Ayer mediante un comunicado emitió su pronunciamiento acerca de la actuación de la Asamblea Nacional, que permitió esta semana la incorporación de dos diputados de Amazonas y el representante indígena de la región sur.
“La Asamblea Nacional, con acciones como la incorporación de los diputados del estado Amazonas, ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica, que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la administración pública”.
El texto emanado del despacho de juristas defensores del Estado venezolano, advierte al Poder Legislativo que “no puede pretender este órgano legitimidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad”.
El procurador general Reinaldo Muñoz, considera que la acción ejecutada por la mayoría opositora en el Legislativo “sugiere un franco desprecio por la constitucionalidad del Estado y denota preocupantes vicios de autoritarismo en la conducción del Legislativo nacional”.
Para la máxima autoridad de la PGR, el argumento esgrimido a la hora de incorporar a los diputados no tiene asidero legal, por lo que respalda las sanciones que pide la bancada chavista para los parlamentarios reincorporados. “El desacato a una orden acarrea responsabilidad penal y civil, que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial”, agrega el comunicado.