Profesores Universitarios en Venezuela son víctimas de una política gubernamental que tiene como finalidad acabar con el pensamiento crítico. Su salario mensual equivale a un monto entre cinco y 10 dólares, según el escalafón y tiempo de dedicación
La realidad del profesor universitario en Venezuela se encuentra envuelta en un complejo manto compuesto por múltiples factores. Ellos no escapan del contexto social que aqueja la sociedad venezolana, donde órganos de protección internacional en materia de derechos humanos manifestaron su “profunda preocupación por la violación generalizada de derechos humanos” por parte del Estado venezolano.
Desde el Ejecutivo nacional realizan acciones, a través del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, dirigidas a afectar la situación de los académicos en Venezuela.
En septiembre de 2018 el Ministerio remitió un instructivo a las universidades públicas venezolanas que indica cómo deberían realizar el cómputo para el pago del personal universitario. El instructivo fue rechazado por las casas de estudios por vulnerar los derechos laborales consagrados en la III Convención Colectiva Única para el Sector Universitario, según detalla la ONG Aula Abierta.
Una de las principales violaciones radica en la disminución de la base para el cálculo del escalafón profesoral universitario de 4.75 salarios mínimos, consagrados en la convención colectiva vigente, a 1.5 salarios mínimos.
Sin embargo, los casi inexistentes salarios no son la única situación que afecta al gremio profesoral. En la actualidad, un gran sector de esta comunidad se encuentra desprovisto en la realidad de un sistema de seguridad social. La creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación (SISMEU) en el 2017, supuso el manejo centralizado de los recursos destinados para la salud de los docentes por parte de la cartera universitaria, los cuales manifestaron múltiples denuncias en torno a su funcionamiento y los riesgos que esto supone para el goce del derecho a la salud y la vida.
En el “Informe preliminar sobre la situación de los profesores en Venezuela” hecho por Aula Abierta, se denunció la crisis en el sistema de seguridad social de los profesores, quienes encontraron en el SISMEU una desprotección total.
Existen montos que no superan un dólar para la asistencia de emergencias y compra de medicamentos anual. Además destaca que algunos miembros del sector universitario denunciaron rechazos en las clínicas al tratar de usar el SISMEU, debido al incumplimiento de los compromisos patrimoniales por parte del ministerio.
Otro aspecto que afecta a los profesores universitarios es la insuficiencia de las contribuciones para los docentes dedicados a la investigación científica que no solo se presenta en los programas de las universidades, sino también dentro del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII), donde los investigadores reciben una asignación económica que, dentro del contexto venezolano, no es útil para desarrollar ningún proyecto de investigación.
La diáspora
Las situaciones expuestas fomentan que las universidades se queden sin uno de sus componentes más importante: profesores. Durante el 2018 las distintas regiones del país sufrieron los embates de este fenómeno, donde se pueden destacar las siguientes cifras de deserción profesoral: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, La Universidad del Zulia y la Universidad De Oriente habían estimado los índices de fuga de talento profesoral entre un 20 y un 50 por ciento.
Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), afirmó que lamentablemente podría verse una cifra superior al 50 por ciento de fuga de talento profesoral para el periodo académico del semestre final de 2018, pues “semanalmente se registran dos renuncias de profesores universitarios en la UCV”.
En una Investigación desarrollada por Aula Abierta en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
Mil 222 profesores universitarios de más de 20 universidades públicas del país fueron encuestados en un periodo comprendido del 9 de septiembre de 2018 al 4 de diciembre del mismo año.
De ese grupo de encuestados mil 219 docentes universitarios afirmaron no cubrir la canasta familiar con las asignaciones del escalafón profesional vigente, solo tres dijeron respondieron afirmativamente.
Mil 205 educadores universitarios estima que su vida fue afectada negativamente por el monto que recibe, 17 aseguraron que no vieron un cambio negativo. Mientras que mil 36 profesores piensa que debe emigra a otro país, 186 creen que no.
La ONG recordó y condenó la existencia de las situaciones descritas, las cuales constituyen elementos que limitan el libre ejercicio de la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad.
Hizo un llamado público al Ministerio Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y demás autoridades del Estado para que actúen de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno venezolano.
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