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El pasado lunes acompañamos al diputado José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, a una inspección a dos hospitales del Zulia. Sabíamos lo que encontraríamos. La protección de la salud, que es una extensión del derecho a la vida, va en un proceso de franco deterioro que se traduce en crisis humanitaria. Aún con los avances científicos, si no contamos con infraestructura, equipos, medicamentos; la vida corre peligro.
Primero llegamos a la entrada del Hospital Dr. Pedro Iturbe, e inmediatamente se acercaron pacientes y familiares a manifestarnos el drama que viven: listas de espera para consulta u operaciones, escasez de insumos médicos, ausencia de reactivos, máquinas dañadas, entre otros.
Una vez dentro, no solo lo constatamos sino que evidenciamos fallas importantes: aires acondicionados dañados, filtraciones, tres de los cuatro ascensores fuera de servicio, la consulta externa reducida a un espacio inadecuado sin cubículos para examinar íntimamente a los pacientes. Pero dos cosas nos produjeron alarma: el espacio destinado a las quimioterapias que está fuera de servicio, es ocupado por milicianos sin ninguna explicación; y un caudaloso chorro de aguas negras que cae del tercer al segundo piso. Sin creerlo, subimos hasta allá y nos encontramos con los fétidos olores y algunos trabajadores haciendo esfuerzos para reducirlos, mientras cinco pacientes eran sometidos a diálisis. Es increíble: aguas negras en la unidad de diálisis.
Pudimos además corroborar hechos como el de una mujer yucpa que gritaba desesperada debido a que a su esposo le iban a amputar la pierna, porque luego de una fractura, no hubo los insumos para atenderlo adecuadamente y su pierna se necrosó. Sentimos impotencia. Hemos retrocedido muchas décadas en una materia en la que llegamos a ser pioneros.
Luego, nos trasladamos al Hospital Universitario de Maracaibo. Grupos afectos al PSUV impidieron nuestra entrada y agredieron a los periodistas que cubrían la actividad. No hay razón alguna que justifique esa actitud. Sin embargo, más allá de esa conducta, pudimos obtener valiosa información que irá al informe final que presentará la subcomisión. El Gobierno no puede ocultar lo que está a la vista. Tiene la obligación de actuar.