El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó este lunes 9 de junio que la exjueza María Lourdes Afiuni continúa en un “limbo jurídico” y exigió una “resolución definitiva” que permita el “restablecimiento pleno” de sus derechos.
En su cuenta en X, la organización sostuvo que la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal anunciada por la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez, “no puede ser tomada en serio” mientras casos como el de Afiuni permanezcan sin una solución definitiva.
“La consulta nacional sobre reforma de la justicia penal anunciada por Delcy Rodríguez no puede ser tomada en serio mientras víctimas como Afiuni permanezcan en un limbo jurídico sin resolución”, señaló la oenegé, según reseñó El Cooperante.
Provea aseguró que el caso generó el denominado “efecto Afiuni”, que definió como el “miedo sistemático de jueces y funcionarios judiciales a actuar con independencia en asuntos con carga política”.
Asimismo, calificó el expediente como uno de los ejemplos “más documentados de la destrucción de la autonomía” del Poder Judicial en Venezuela y recordó que la exjueza quedó excluida de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado.
“Exigimos una resolución definitiva que restablezca plenamente los derechos de María Lourdes Afiuni y que ningún juez en Venezuela vuelva a ser perseguido por aplicar la ley”, agregó la organización, que manifestó además su respaldo a una carta pública suscrita por familiares y representantes legales de la exjueza.
Afiuni fue detenida tras otorgar medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño, privado de libertad en 2007 por presuntas irregularidades cambiarias. Su arresto ocurrió después de que el entonces presidente Hugo Chávez la calificara públicamente de “bandida” y solicitara para ella la pena máxima de prisión.
En 2011 recibió arresto domiciliario por razones de salud. Posteriormente, en 2020 fue condenada, aunque se mantuvieron las medidas cautelares que le habían sido impuestas desde 2014, entre ellas la prohibición de salir del país, declarar a medios de comunicación o utilizar redes sociales, además de la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.
Carta de la familia
En la carta difundida por Provea, la familia y la representación legal de Afiuni sostienen que la exjueza fue detenida por “cumplir con su deber”.
“Su caso no es únicamente la historia de una mujer perseguida por ejercer la función judicial, es también la historia de cómo un sistema de justicia puede ser utilizado como instrumento de represalia política y de cómo una injusticia individual puede transformarse en un mecanismo de intimidación colectiva”, señalaron.
Según el documento, el 10 de diciembre de 2009 Afiuni otorgó medidas cautelares a Cedeño. Los firmantes resaltan que, como consecuencia de esa decisión, la entonces jueza fue detenida, encarcelada y sometida a un proceso que, aseguran, continúa abierto más de 16 años después.
A juicio de los firmantes, las declaraciones de Chávez “comprometieron gravemente la independencia judicial” y enviaron un mensaje “inequívoco” al resto del sistema de justicia.
Los familiares y representantes legales sostienen además que Afiuni fue recluida en una cárcel común pese a su condición de jueza y que durante su reclusión sufrió “abusos físicos, psicológicos y sexuales” que dejaron secuelas permanentes en su salud.
Asimismo, señalan que la fiscal encargada del caso “dejó constancia” en el expediente de que “nunca existió beneficio económico” ni contraprestación alguna vinculada con la decisión judicial cuestionada.
“Ante ese hecho, la referida representante fiscal recurrió a un delito que no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, al que denominó ‘corrupción espiritual’. No obstante, María Lourdes Afiuni Mora fue igualmente condenada por el delito de corrupción propia, pese a que la norma que tipifica dicho ilícito penal exige para su consumación la existencia de una contraprestación a cambio de la decisión adoptada por el funcionario judicial”, prosiguieron.
Los firmantes destacan que el caso trascendió el ámbito nacional y motivó pronunciamientos de organismos internacionales, expertos en derechos humanos, juristas y gobiernos de la región, convirtiéndose en un referente sobre presuntas represalias contra jueces por el ejercicio de sus funciones.
A más de 16 años de su detención, sostienen que Afiuni continúa “atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos”. También afirman que la situación tuvo un elevado costo personal y familiar, al “impedirle durante años” reunirse con su hija y sus nietos, residentes en Estados Unidos.
“El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva”, exponen.
Los familiares y la representación legal consideran además que no puede hablarse de reconciliación nacional ni de una transformación del sistema de justicia mientras casos como el de Afiuni permanezcan sin una solución definitiva.
En ese sentido, hicieron un llamado a representaciones diplomáticas, incluyendo Estados Unidos, organismos internacionales, relatores de la ONU, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para que “mantengan la atención” sobre el caso y “contribuyan, dentro de sus competencias, a impulsar una solución definitiva”.
“Cerrar este expediente no es solamente reparar una injusticia contra una persona, es también enviar un mensaje en favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún juez vuelva a ser perseguido por aplicar la ley”, señalaron.
Finalmente, concluyeron que María Lourdes Afiuni “merece justicia” y que Venezuela necesita que “esta página oscura de su historia judicial sea finalmente cerrada”.
Fuente: El Cooperante
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