La ONU lamentó los intentos por desacreditar e intimidar a los defensores de derechos humanos en el programa Con el mazo dando de Diosdado Cabello
Contrastan la verdad del Gobierno. Provea, Transparencia Venezuela, el Comité Interinstitucional de DDHH LUZ-URU y la Unión de Acción Social, Sindical y Gremial, conversaron en Maracaibo sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el 2014. La persecución y la falta de acceso a la información retan a los investigadores a defender los resultados de sus estudios en Venezuela y el mundo.
“Sentimos que no tenemos garantías para realizar nuestro trabajo”, lamenta Rafael Uzcátegui, director de Provea, a propósito de la denuncia hecha por la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre la utilización de medios públicos para arremeter contra los defensores de ONG. “Aquí el Gobierno lo que busca es inhibir las denuncias para revertir ciertas situaciones e invisibilizar todo el abuso de poder”.
El defensor de derechos humanos, que este año expuso ante la ONU el caso de Venezuela, denuncia que en las autoridades del Ejecutivo “existe una vocación de centralizar y cooptar todos los actores y todas las iniciativas del país y los sectores que tenemos un cierto grado de independencia, lamentablemente somos víctimas de esta campaña de criminalización”.
Recuerda que hace tres meses Provea introdujo una denuncia ante el Ministerio Público sobre la “intervención ilegal” de las comunicaciones, cuya información fue revelada en el programa de televisión del presidente de la AN, Diosdado Cabello.
Agradece el respaldo de las instancias internacionales, ante el “debilitamiento de las instituciones democráticas y la ausencia de contrapesos que puedan poner correctivos a las diferentes situaciones irregulares emanadas desde el Ejecutivo nacional”.
¿Y la transparencia?
El profesor de LUZ, Jesús Urbina, coordinador regional de la organización Transparencia Venezuela, expuso ante los presentes los resultados de la evaluación que realizan en torno a los hechos de corrupción en cinco de las principales misiones sociales que ejecuta el Estado venezolano.
Las conclusiones de la investigación señalan que los escenarios que funcionan como caldo de cultivo para la corrupción, varían dependiendo de las misiones, sin embargo el vocero de la ONG identifica dos agentes comunes en la mayoría de los casos.
El déficit presupuestario es uno de ellos. Otro factor es el proselitismo político a los que presuntamente son sometidos los beneficiarios de las misiones. El estudio documentó casos donde el acceso a una vivienda construida por el Estado pasa por la tenencia de carnet del PSUV y la utilización de imágenes alusivas a Chávez o Maduro en espacios públicos, acción que está penada por la ley anticorrupción.
Los resultados de la investigación fueron presentados en mayo de 2015 y forman parte del compendio de documentos que se discuten fuera de las fronteras de Venezuela para evaluar el desempeño del actual Gobierno.