Provea denuncia que tribunales se niegan a recibir habeas corpus para Martha Grajales

El abogado Marino Alvarado informó que este lunes presentará ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el recurso para conocer el paradero de la activista, cuya ubicación sigue siendo desconocida
Foto: EFE

La ONG Provea denunció este domingo que los tribunales penales se negaron a recibir el recurso de habeas corpus presentado para conocer el paradero de la activista Martha Grajales, detenida desde el viernes, según denunció el abogado de la organización, Marino Alvarado.

Alvarado relató a EFE que el sábado esperaron más de siete horas en el Palacio de Justicia en Caracas, donde él y el esposo de Grajales, Antonio González, acudieron a presentar el recurso, pero los funcionarios consultaron si podían admitirlo y finalmente lo negaron.

El abogado adelantó que este lunes acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para intentar introducir la acción judicial a finde conocer dónde se encuentra Grajales, cuyo lugar de reclusión sigue siendo desconocido.

El habeas corpus, regulado en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, es una acción para investigar por qué una persona fue detenida, dónde está y en qué condiciones, especialmente útil en casos de desaparición forzada cuando las autoridades no informan sobre el detenido, explicó.

"La recepción y admisión de la acción de habeas corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal", recordó Provea.

Según varias ONG, Grajales fue detenida tras participar en un acto de desagravio frente a la sede de la ONU en Caracas, en apoyo a familiares de presos políticos que fueron agredidos durante una vigilia cerca del TSJ.

La activista fue una de las personas agredidas que esperaba una audiencia con la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de casos de sus familiares detenidos tras las protestas poselectorales de 2024.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos condenó lo que calificó como una “escalada represiva” contra familiares de presos políticos y pidió a la ONU continuar documentando y visibilizando lo que ocurre en el país, así como exigiendo al Estado que ponga fin a la “violencia institucional”.

Fuente: EFE.

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