El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este miércoles 20 de agosto una medida humanitaria y la liberación inmediata de la abogada y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien está detenida desde febrero de 2024.
En una publicación en redes sociales, la organización no gubernamental señaló que la defensora de derechos humanos –quien cuenta con nacionalidad española– “sigue injustamente presa” y se ha violentado el debido proceso en su caso, pues fue acusada por el Ministerio Público sin derecho a designar a sus abogados de confianza.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija. “Fue ‘oficialmente’ detenida el 12 de febrero y presentada en el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin poder designar su defensa”, recordó Provea.
Las autoridades la acusaron de estar vinculada de una supuesta “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra Nicolás Maduro.
Se le imputaron los presuntos delitos de terrorismo y traición a la patria, imputaciones que, a juicio de Provea, corresponden a su labor en la oenegé Control Ciudadano “donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares”.
Provea pidió al gobierno venezolano “actuar de inmediato” para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de San Miguel, al tiempo que solicitaron al Reino de España que “intervenga para garantizar la integridad de su ciudadana”.
Según el Foro Penal, en Venezuela se registran al menos 807 personas detenidas por razones políticas. Entre ellos se encuentran, al igual que San Miguel, los defensores Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda.
Fuente: Tal Cual
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