La noche de este martes 3 de diciembre se difundió la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.855, en la que se publica la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro”, calificada como un “ataque” a la sociedad civil y la libertad de asociación en el país.
Dicha Ley, que consta de 39 artículos, tres disposiciones transitorias y una derogatoria, fue aprobada el pasado 15 de agosto por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 y promulgada un mes más tarde por el presidente Nicolás Maduro, pero su publicación en Gaceta se oficializó el pasado 15 de noviembre.
Desde entonces, según consta en la misma normativa, empezaron a correr los tiempos para la creación de un registro nacional de oenegés y organizaciones sin fines de lucro, que estará a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz manejado por Diosdado Cabello, uno de los principales impulsores de este instrumento.
La nueva regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de oenegés y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
A las organizaciones, que deberán entregar anualmente sus libros y registros, además de informar periódicamente el financiamiento o donaciones que reciben, se les prohíbe “recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes” a los partidos; la “promoción del fascismo” o incitación al odio o “cualquier otro acto prohibido en el ordenamiento jurídico”.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales solicitaron al Parlamento venezolano abstenerse de aprobar esta ley, debido a las restricciones que plantea a la libertad de asociación y al trabajo de las oenegés en el terreno.
Mientras que el Alto Comisionado, Volker Türk, señaló que la adopción de este tipo de leyes en el país “socavan el espacio cívico y democrático”.
Potestad cuasi permanente al Estado de “suprimirlas”
El abogado chileno Francisco Cox, uno de los expertos de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, afirmó que “la regulación impondría a las oenegés, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.
Además de las restricciones contra la libertad de expresión y asociación, llamaron la atención sobre las atribuciones que se le confieren al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, afirmó la Misión, que estima que, de esa forma, las organizaciones que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
También señalaron que, sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.
Fuente: Tal Cual
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noviembre 30, 2024
