El alto monto, en una moneda extranjera y con la levadura del mercado negro y la restricción de divisas a precio preferencial, fue cancelado por 63 opositores aspirantes a gobernadores en 20 estados del país, lo que fijó el precio mínimo de la consulta nacional en no menos de medio millón de dólares
Ocho mil dólares, equivalentes a 128 millones de bolívares, le costó a Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, la inscripción de Juan Pablo Guanipa y Eveling Trejo de Rosales en las primarias regionales del 10 de septiembre, con el objetivo de lograr el candidato unitario para los comicios regionales del 15 de octubre.
Se trata de un botín interesante, según las matemáticas más básicas. Los esquemas de financiamientos dan para quejas y celebraciones. El público es cuando el Estado otorga los recursos a las organizaciones previo a los procesos comiciales para que desarrollen sus campañas. Esto, en teoría, facilitaría la competitividad. El privado, que rige desde 2000 hasta nuestros días en el país, abre el compás para el secretismo, la corrupción y el juego de intereses económicos.
En el Zulia, Carlos Alaimo, abanderado del Partido Independiente del Zulia (PIZ) e Independientes Por el Progreso (IPP), levantó la voz esta semana contra la Mesa de Unidad por considerar que la cifra de 8.000 dólares resulta una cima imposible de escalar para líderes de los partidos ajenos al G-4 (Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo).
“¿Le consultaron a los partidos y a los candidatos de cuánto costará la logística de las primarias durante un día en sus regiones? ¿Hasta cuándo la MUD impondrá ideas, decisiones y formas de resolver los asuntos desde cuatro paredes en Caracas? La Unidad está para facilitar que las primarias se den. Que se haga posible que la mayoría de los independientes puedan participar”, sostiene el empresario, empeñado en la reducción de la cuota a cancelar.
La carrera por el Palacio de los Cóndores mueve millones de bolívares para caminatas, mítines políticos en los que se alquilan grandes locales y equipos de sonido, transporte para la movilización y la alimentación de los activistas, entre otras áreas proclives al gasto. ¿Quién paga todo esto? Banqueros, empresarios, contratistas, ganaderos y organizaciones políticas quieren retratarse tras bastidores para poder salir al ruedo a cobrar ante un hipotético triunfo.
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