De pagar un millón 300 mil bolívares por paciente, representantes de los enfermos deberán pagarán hasta 14 millones
Los familiares de los pacientes de la Unidad Psiquiátrica de Occidente (UPSO) denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que la institución desalojará a los 48 afectados con trastornos mentales, quienes dependen del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) y son atendidos en este centro de salud semiprivado. Esto, por el atraso en el pago del subsidio por parte del ente público. Para que sus familiares puedan seguir disfrutando los servicios deben pagar entre 12 y 14 millones de bolívares mensuales.
Los representantes de las víctimas no responsabilizan al IVSS del desalojo arbitrario de los enfermos, sino directamente a los directivos de la UPSO, en virtud de que aseguran que sus familiares, a pesar de estar subsidiados por el Seguro Social, no los albergan en la institución mental “de gratis”. Comentaron que en un principio solo tenían 10 días para llevarse a los pacientes y luego les informaron que el plazo máximo seria de dos meses.
“Todas las semanas piden colaboraciones y siempre respondemos. Piden arroz, harina, pasta, carne, cualquier tipo de alimentos. Aparte, las medicinas que los pacientes necesitan también las traemos los familiares, los artículos de higiene personal, todo lo traemos nosotros”, afirmó Carla Peña, hija de una interna de 70 años, que sufre de riesgo suicida y bipolaridad.
Familiares comentaron que, no les permiten observar los cuartos, zonas comunes o alguna otra parte interna de las instalaciones donde están albergados sus seres queridos.
“No podemos verificar en qué condiciones están nuestros familiares, pero sabemos que no tienen aires, ni ventiladores, tampoco hay primeros auxilios. Para ser una institución privada no nos garantizan las condiciones adecuadas”, aseguró Peña, quien indicó que las carencias en la institución se acrecentaron desde el cambio de gestión en la Gobernación del estado Zulia.
Sin preferencias
A pesar de tener la modalidad de públicos y privados, todos los internos del centro de salud mental son tratados de la misma manera y no hay “preferencias” por quien pague más o menos.
Los pacientes “privados” pagaban una mensualidad de un millón 300 mil bolívares y ahora pasarán a pagar hasta 14 millones. Las denunciantes aseguran que no hay condiciones que garanticen que mejorarán los cuidados de los enfermos para justificar el “desmedido” aumento.
“Hay pacientes aquí que están totalmente abandonados, no tienen ningún familiar que vele por ellos y los van a dejar en la calle, sin nadie que se haga responsable. Aquí no hay solo escasez de comida, también escasea la humanidad”, afirmó Norma Cortez, hermana de paciente que sufre de esquizofrenia y trastorno bipolar.
La única institución en el estado que acepta a pacientes con trastornos mentales remitidos del IVSS, carece de recursos, tales como: comida, medicamentos, materiales médicos para el tratamiento de los enfermos, productos de higiene, entre otros.
“El recinto es prácticamente un albergue, los internos no mejoran, no les hacen terapias o tratamientos, tampoco gozan de espacios de recreación y entretenimiento”, aseguró Cortez, quien resalta que “el único servicio que presta la unidad de salud es alojo y cuidados para los afectados”.
Sin soluciones
A pesar de la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, la única respuesta que recibieron de parte de la misma, es que los internos serían trasladados a las granjas psiquiátricas de la región, que actualmente se encuentran en situaciones más precarias que las instituciones privadas, por lo que los familiares aseguraron que reubicarlos en esos espacios sería “desahuciarlos” y no lo ven como una solución aceptable.
Los representantes de los enfermos de salud mental exigirán ante la Gobernación del estado que solvente la situación que atraviesan con sus seres queridos y aseguran que el centro médico debe ser auditado, porque a los familiares no les justifican los gastos de los pacientes. Comentaron que “si se le vendiera comida a precio regulado, a la institución, la problemática podría mejorar, pero no permitirán que sus familiares sean echados arbitrariamente”.
“Supuestamente ellos pagan un alquiler en dólares por la casa donde funciona la UPSO, así nos justificaron el aumento desmedido. Si es así, que denuncien en la Sundde [Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos] a los dueños de la vivienda, porque estamos en Venezuela y nosotros no tenemos la capacidad de pagar cifras dolarizadas”, sentenció Cortez, quien finalizó que “ni siquiera los pacientes de la modalidad privada podrán cubrir la nueva matrícula estipulada por la directiva de la institución”.