El consultor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, aseveró ayer que la Cámara no se niega a auditorías por parte de la Contraloría, pero afirmó que la “medida de intervención” de esta “pretende efectuarse al margen de la ley”
El diputado Henry Ramos Allup, miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), acudió ayer a la Contraloría General de la República para consignar un documento en rechazo a los señalamientos que hizo en su contra el contralor general Manuel Galindo.
“Ojalá él me aceptara un debate público cara a cara, que le dé la cara a los medios”, declaró el parlamentario, quien aseguró que el funcionario violentó las leyes al intentar ingresar arbitrariamente al Palacio Legislativo con el fin de abrir una investigación en su contra.
“La Contraloría pretendía intervenir a la Asamblea en un proceso que infringe las leyes venezolanas, porque no siguió los pasos tradicionales para su visita. El contralor no tiene jurisdicción para entrometerse en la AN. ¿Quién controla al contralor si él se salta la ley?”, expresó en rueda de prensa, donde subrayó que no hay riesgos de que el Gobierno intervenga al Poder Legislativo, ya que “el contralor no tiene ninguna jurisdicción para entrometerse en la Asamblea Nacional”.
Destacó que Galindo cae en una contradicción al enviar un escrito a Julio Borges reconociéndolo como presidente del Parlamento. Aseveró que con ello, pretenden “ver cómo nos inhabilitan”.
Intervención ilegal
El consultor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, aseveró ayer que la Cámara no se niega a auditorías por parte de la Contraloría, pero afirmó que la “medida de intervención” de esta “pretende efectuarse al margen de la ley”. “El fundamento de la intervención, según la resolución correspondiente, es que no se ha celebrado concurso público para la designación del auditor interno de la Asamblea Nacional y ese supuesto no es causal para la intervención de una dirección de auditoría interna”, destacó Casal a los medios desde la Contraloría. Agregó que una intervención solo podría acordarse en el caso de que se haya realizado una evaluación sobre alguna auditoría y que en esta se hayan detectado graves irregularidades, cosa que, aseguró, no ha sucedido.