El constitucionalista José Vicente Haro considera que “sería lo más sano que a la final el pueblo tenga la última palabra”. La bancada de la oposición esta preparada para recibir la “jugada” del TSJ, según afirmó en Twitter el presidente de la AN Henry Ramos Allup
La incertidumbre sobre la posible obstrucción a ley de Amnistía por parte del TSJ, como ha ocurrido con otras decisiones de la AN, hacen que los analistas sugieran planes alternativos para que el trabajo del Parlamento no se pierda en la gaveta de algún archivo del Poder Judicial. “Creo que fue un error de cálculo político aprobar la ley”, asegura José Vicente Haro.
Para el constitucionalista, la oposición “debe estudiar seriamente la necesidad de promover un referendo aprobatorio de la ley de amnistía”. Según explica, el proyecto de amnistía y reconciliación nacional debió dictarse como decreto, aprobado por la mayoría del Legislativo, como lo permite el artículo 187 numeral 5, ya que como ley, “cae dentro del régimen ordinario y se aplica el 214 de la Constitución y debe pasar al Ejecutivo que puede devolverlo o enviarlo al TSJ”.
Recuerda que la Constitución de la República “no prohíbe referendos aprobatorios para leyes de amnistía, “lo que prohíbe son los referendo abrogatorios para dejar sin efecto amnistías ya dictadas”, como las hechas por Hugo Chávez, por ejemplo.
“Si se tranca el juego con el Presidente y el Tribunal Supremo de Justicia no quiere promulgarlo, si no se puede poner en vigencia, creo que sería lo más sano que a la final el pueblo tenga la última palabra. Por encima de la decisión del pueblo no debería estar ninguna decisión de la Sala Constitucional del TSJ”, puntualizó el especialista.
MUD no juega adelantado
La Mesa de la Unidad Democrática no retrocede un centímetro en su lucha por la ley de Amnistía. Ayer la directiva de la Asamblea Nacional firmó el documento final que fue llevado al despacho del Presidente Nicolás Maduro, a pesar de la retórica presidencial que desde el primer momento rechazó el proyecto.
El próximo paso, detalló la diputada Delsa Solórzano, es el pronunciamiento del jefe de Estado, que según el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “tiene 10 días para pronunciarse sobre el texto de la ley”. El plazo vence el 13 de abril.
“Condenamos la campaña de odio que se instaura desde el Gobierno nacional y que además cuesta millones de bolívares de los venezolanos que hoy estamos pasando dificultades”, dijo Solórzano al recordar que la Amnistía está dirigida a presos, perseguido y exiliados políticos.
¿Qué se necesita para convocar?
Según el artículo 73 de la Constitución, “serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea”. Potestad que hoy no tiene el bloque de a MUD, que sin los diputados del estado Amazonas no alcanza los 112 votos que exige la carta magna para activar la convocatoria.