En 2023 se registraron al menos 618 víctimas de homicidios en cinco áreas del país: la Zona Metropolitana de Caracas y los estados Lara, Zulia, Táchira y Sucre.
De ese registro, 181 (el 29,29 %) fueron muertes violentas atribuidas al “ajuste de cuentas” o enfrentamientos entre bandas delincuenciales o entre civiles por hechos delictivos, 79 (el 12,78 %) tienen la atribución de “resistencia a la autoridad” por parte de los funcionarios del Estado y 72 (el 11,65 %) se catalogan como “ejecuciones extrajudiciales”.
Así lo revela el balance del año pasado de Monitor de Víctimas, presentado este miércoles 22 de mayo.
“Esto significa que hay bandas o grupos o personas vinculadas a actividades delictivas que se están enfrentando, posiblemente, por controles territoriales o por disputas de comercialización o economías ilícitas”, reflexionó Ronna Rísquez, periodista especializada en violencia y derechos humanos y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas.
Rísquez advirtió que han aumentado los reportes de la participación de funcionarios policiales en las actividades ilícitas que eran administradas por bandas criminales locales.
“Habría que ver si en los casos de ‘ajustes de cuentas’ también estaría la participación de los funcionarios policiales que ahora están tomando el control de delitos”, dijo.
Caracas: la letalidad policial reina en la zona
En la Zona Metropolitana de Caracas “la venganza y el ajuste de cuentas fueron el móvil de homicidio que más aumentó en 2023”: hubo 70 casos. Los registros tuvieron un aumento del 40 % con respecto a los datos de 2022, cuando hubo un aproximado de 50 muertes violentas atribuidas a ese móvil, según Monitor de Víctimas.
El proyecto de Runrun.es y la oenegé Mi Convive advirtió que la violencia policial fue la que tuvo mayor cantidad de víctimas: 91 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado, ya sea por presuntas “ejecuciones extrajudiciales”, presuntas “resistencia a la autoridad” y otras causas que no se han podido determinar hasta la fecha.
“Nunca en esos casos hay una investigación clara, nunca hay transparencia. No se sabe qué pasa con el proceso en esos casos y, básicamente, nos tenemos que quedar con las denuncias de los familiares que, en la mayoría de los casos, nos dicen que las víctimas no se enfrentaron a los policías, no se encontraban cometiendo algún delito cuando fueron ejecutadas. Esto deja en evidencia un exceso del uso de la fuerza policial que hemos visto durante varios años, especialmente en la época de la OLP (Operaciones de Liberación Nacional, en 2015) y de las Faes (Fuerzas de Acciones Especiales, en 2017)”, dijo Rísquez.
La tendencia de registro de las muertes violentas en Caracas se mantiene: de los 304 casos documentados en 2023, 155 fueron en el municipio Libertador y 134 fueron en el municipio Sucre; el 50,98 y el 44,07 % de los casos, respectivamente, se ubicaron en sectores populares de la capital venezolana.
En Zulia proliferan “los muertos de nadie”
En el Zulia hubo 50 muertos bajo el móvil de “resistencia a la autoridad” y hubo 6 presuntas “ejecuciones extrajudiciales”. En el 45 % de los casos registrados en el estado fronterizo (47) no se sabe el nombre del victimario.
Dentro de los 103 homicidios registrados por Monitor de Víctimas en Zulia, al menos 16 se les adjudica el sicariato como móvil principal.
No obstante, “estas cifras no dan un contexto completo de la violencia en el Zulia”, dijo Sheyla Urdaneta, periodista radicada en Maracaibo, capital de ese estado.
Dijo que existe una tendencia a lo que los periodistas llaman “los muertos de nadie”, ejecuciones extrajudiciales clasificadas como “resistencia a la autoridad”, que no son reclamados por los familiares u otro representante de la víctima. “Ahora está el temor creciente en los familiares de que, si van a reclamar los cuerpos de estas personas, los pueden involucrar en el presunto delito y sean detenidos”, agregó Urdaneta.
La periodista advirtió que el sicariato ha aumentado en la localidad. “Parece que, para este año, los casos de sicariato y extorsión son la principal ‘excusa’ que tienen los funcionarios del Estado para cometer homicidios”. Pero los militares, según los datos de Monitor de Víctimas, son los principales victimarios de las muertes violentas en la zona.
Huérfanos de la violencia
“Por un lado, el hecho de que la política (de la seguridad) sea todavía ‘de mano dura’ y de que no haya directamente una acción contra las cabecillas de las bandas. Siempre terminan matando a las personas que están en los estratos o en las posiciones más bajas de las estructuras de las bandas criminales y los cabecillas siguen”, reflexionó Lorena Meléndez, periodista radicada en Caracas y coordinadora de investigación de Runrun.es.
Otro de los hallazgos del informe publicado este 2024, según Meléndez, es la impunidad de los casos y la violación a los Derechos Humanos de los familiares de las víctimas.
Recordó que los 310 huérfanos de la violencia no tienen atención psicosocial por parte del Estado, una tendencia que ha documentado anteriormente Monitor de Víctimas en los últimos tres años, donde el Gobierno no se encarga del cuidado de los niños, niñas y adolescentes que pierden a sus padres o presencian directamente el homicidio.
Fuente: Runrunes
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noviembre 23, 2024
