La oenegé Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) documentó un total de 120 dirigentes sindicales detenidos “arbitrariamente” entre 2013 y 2023, de acuerdo con su informe anual presentado este martes 30 de abril.
“En este período, 120 dirigentes sindicales han sido detenidos (…) 3.479 trabajadores han sido amenazados, estos son los que han tenido el coraje de levantar la voz, son muchos los que a diario son hostigados y amenazados, incluso por colocar una actualización en sus estados de WhatsApp”, declaró Oscar Murillo, coordinador general de Provea, en la presentación del informe.
Indicó que esa es la realidad actual de muchos de los empleados públicos y de empresas estratégicas del país, “donde hay una sistemática persecución”.
Provea, de acuerdo a su informe, documentó, al menos, 27 mil protestas por reivindicaciones laborales entre 2013 y 2023.
Sostuvo que la situación de los derechos laborales sigue signada por la “pérdida de la capacidad adquisitiva, la precariedad y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores venezolanos”.
Durante 2023, prosiguió, el Gobierno nacional no decretó un aumento de salario y “continuó con su política de bonificaciones sin incidencia en las prestaciones sociales, pensiones u otros beneficios”.
“La desigualdad en todas sus formas se afianzó como una constante de la realidad venezolana, afectando principalmente a los sectores vulnerables: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes”, añadió.
Ante esto, la organización pidió al Gobierno tomar medidas “eficaces y urgentes” contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, “corrigiendo las políticas lesivas al derecho a un salario suficiente que afecten la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales de los trabajadores”.
Igualmente, exigió que se respeten los derechos colectivos del trabajo, en especial, el derecho a la negociación colectiva, de huelga, manifestación pacífica, así como el de libertad de asociación y reunión.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares al mes que, en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares (hoy 3,5) dólares por la devaluación de la moneda local, lo que significa que se han reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense.
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