Estas actuaciones son muy propias de las tiranías totalitarias, de derecha y de izquierda, así como de las monarquías absolutistas de la Europa del siglo XIX, y de comienzos del siglo XX, de muy triste y lamentable recordación, como fueron las autocracias fascistas de Benito Mussolini y Adolfo Hitler
El cierre de las emblemáticas estaciones de radio caraqueñas Mágica 99.1 FM y la 92.9 Tu FM , por parte del régimen comunista que destruye a Venezuela no hace más que seguir confirmando la naturaleza totalitaria, tiránica y dictatorial de este gobierno que se quiere sostener en el poder a punta de “bayonetas”, pero con el rechazo de más del 90 por ciento del pueblo venezolano.
Estos medios de comunicación que no eran alabarderos del régimen sino que actuaban con independencia pluralismo, han corrido la misma suerte de Radio Caracas Televisión y una treintena de emisoras que en el pasado más reciente les fueron aplicadas las excusas de cese de la concesión, con la cual ya no debiera quedar un solo medio radioelectrónico en el país que no esté controlado por el gobierno.
Chávez, autócrata por excelencia, odiaba a los medios de comunicación libres porque hablaban de las miserias de su régimen disoluto y corrupto , y por ello cerró a RCTV y una treintena de emisoras de radio. Maduro, comunista y retrógrado, inculto e iracundo, tampoco soporta la crítica y toma acciones como la de cerrar estas dos emisoras de radio, sin saber que hoy día, con el desarrollo de la tecnología, la información está al alcance de la mano, a menester que en cualquier momento se le ocurra cerrar el Internet a los venezolanos.
Hace un tiempo, antes de despertar a la realidad de la naturaleza de este régimen tiránico y dictatorial, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy en desgracia por criticar al gobierno de Maduro y su desempeño autocrático y dictatorial, al denunciar la ruptura del hilo constitucional con las sentencias 155 y 156 del TSJ, abrogándose ilegalmente las funciones de la Asamblea Nacional, fue capaz de proponer una Ley de Delitos Mediáticos que de haber sido aprobada sus críticas de hoy al régimen jamás se hubieran conocido.
Se trataba de una goebbeliana y victoriana ley promovida por la funcionaria encargada de garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, y en lugar de cumplir con esa obligación constitucional, se había convertido en una punta de lanza contra la libertad en Venezuela al proponer una ley que coartaba y “regulaba” la libertad de expresión, atribución que no se encuentra dentro de las establecidas para este poder en la Constitución.
Se trataba de establecer, por órdenes de Hugo Chávez, un cerco a los medios de comunicación libres y plurales que aún quedan en el país, pero que son los que más audiencia tienen entre los venezolanos que entienden perfectamente que para estar informados oportuna y verazmente, y su voz de protesta se deje escuchar, como lo establecen las leyes, no pueden apelar a los medios que maneja la revolución porque en esos no está permitida la crítica ni la denuncia de las miserias y las corruptelas del régimen.
Estas actuaciones son muy propias de las tiranías totalitarias, de derecha y de izquierda, así como de las monarquías absolutistas de la Europa del siglo XIX, y de comienzos del siglo XX, de muy triste y lamentable recordación, como fueron las autocracias fascistas de Benito Mussolini y Adolfo Hitler, en Italia y Alemania respectivamente, ambas muy parecidas a los procedimientos de fuerza que practica la mal llamada revolución del siglo XXI.
Al estilo de las leyes victorianas: Hay un hecho histórico ocurrido en la conocida como Inglaterra victoriana, o sea, la del mandato de la reina Victoria, que tuvo una duración de unos 64 años, pues llegó al trono cuando apenas contaba menos de 20, y tuvo que ver con los escasos medios de comunicación que existían en la época: teatro, libros y pequeños periódicos o postas.
En ese entonces la mayoría de las emperatrices y sus cónyuges eran ridiculizados o criticados a través de estas expresiones del pensamiento por las correrías sexuales, tanto de unas como de otros. Los reyes o príncipes consortes vivían rodeados de favoritas que les impedía satisfacer las demandas sexuales de sus esposas, lo que obligaba a éstas a buscar “consuelo” dentro de los servidores de palacio, jefes de tropas o dignatarios, o hasta sirvientes, romances que indefectiblemente eran conocidos por el pueblo.
La reina Victoria, famosa por ser una mujer muy pudibunda -de allí el calificativo de puritano a su reinado-, no quería verse expuesta a estas sátiras y murmuraciones de la corte misma y de la plebe, solicitó a los miembros del parlamento inglés, los Lores, una ley de medios que impidiera que situaciones de esa índole pudieran llegarse a presentar tanto en las obras teatrales, como en los libros y periódicos o folletines que circulaban por aquella época.
Los Lores, fueron tan diligentes que no solamente le otorgaron la ley solicitada (cualquier parecido con la realidad venezolana es pura coincidencia) sino que fueron más allá de los deseos de la mandataria en impedir publicaciones o expresiones que ofendieran la integridad de la soberana, sino que procedieron a realizar una revisión exhaustiva de los impresos existentes hasta el momento.
Fue así como las autoridades inglesas la emprendieron de manera inquisitoria contra las obras de los autores más famosos de la época o anteriores al reinado de Victoria que tuvieran alguna referencia a cuestiones sexuales, por muy morigerada que fuera.
De la censura no se escaparon obras como: Los cándidos Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumás, padre; La Tierra, de Emile Zolá; Las Confesiones, de Juan Jacobo Rousseau. Ni la Santa Biblia escapó de la furia persecutoria del gobierno monárquico por sus contenidos sexuales referentes a la huida de Sodoma y Gomorra de Lot, su esposa y sus dos hijas.
Todas estas obras fueron incendiadas y prohibida su circulación en el reino inglés. De la medida no se escaparon las obras del más famoso y padre de las letras inglesas, William Shakespeare, escritas unos 200 años atrás y las cuales no podían dejar de ser conocidas por un inglés medianamente culto. Estas sufrieron mutilaciones de las frases o descripciones subidas de tono.
La escalada contra los medios: La referencia a este hecho histórico viene al dedo con las acciones que en su momento venía ejerciendo el Gobierno revolucionario, fascista, totalitario y de tendencia comunista que lideraba Hugo Chávez Frías, a contrapelo de la “mejor Constitución del mundo” para acabar con la libertad de expresión, muy bien definida en los artículos 57 y 58 del texto constitucional.
Comenzaron con la represión y ataques verbales por parte del Presidente y sus áulicos, así como de medidas de fuerza contra los periodistas y los medios de comunicación que han servido de canal o vaso comunicante para que el pueblo no sólo pueda expresar sus inquietudes, sus críticas y sus demandas de cumplimiento de sus obligaciones al Gobierno que prometió una democracia participativa y protagónica, sino también, recibir información de manera veraz y oportuna..
Después vino la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, popularizada como Ley Resorte, negación de dólares preferenciales para la compra de papel periódico con la intención de provocar el cierre de medios impresos (muchos han sucumbido) presiones a dueños de medios para salir de periodistas inconvenientes por lo incisivo de sus apreciaciones. Globovisión, finalmente, hubo de ser vendida por sus dueños a inversionistas que ligaron fuertemente al régimen, pero que hoy también son objeto de presiones ante la independencia y pluralismo que el canal sigue manteniendo.
Luego, y de manera concatenada o programada, la asistencia del calificado entonces como super Ministro de Conatel o cachalote de la revolución, Diosdado Cabello, a la Asamblea Nacional para referirse a la situación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión abierta y por suscripción (cable).
El Ministro Cabello, quien debió estar en situación sub júdice por las graves denuncias de corrupción durante su gestión como gobernador de Miranda, y por el contrario fue premiado, señaló que con las actuaciones que ha venido realizando Conatel, en las últimas semanas, “se acabará con el latifundio mediático que tanto daño le viene haciendo a la población, además de democratizar el espectro radioeléctrico”.
Inmediatamente, la Fiscal General de la República, funcionaria que se daba el lujo de recibir órdenes del Presidente de la República (la Constitución se lo prohíbe) terminó de colocar el tinglado “legal” para que se terminara de mancillar la ya vituperada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con una “innovadora” Ley de Delitos Mediáticos que ella misma propuso por encargo de Hugo Chávez, a la Asamblea Nacional, la cual se encuentra engavetada en espera de mejores tiempos. Al fin, como dijera una vez el héroe de Sabaneta, "la revolución está por encima de todo".
De esta manera se terminaba de conformar el cerco a la libre expresión de los venezolanos porque abarca tanto el espectro radioeléctrico, como a los medios impresos que eran los que faltaban por ser regulados en el camino del régimen a obtener la tan ansiada hegemonía comunicacional planteada hace algún tiempo por el exministro de Comunicaciones Andrés Izarra, (Hoy disfruta de un exilio dorado en Viena) o sea, un solo mensaje, una sola ideología, una sola opinión, y nada de información veraz y oportuna para el pueblo. Así ocurre en Cuba, en Corea del Norte, en la China capitalista económicamente hablando, pero comunista en lo político; en la exUnión Soviética y en los regímenes totalitarios y fascistas como el que actualmente gobierna a Venezuela.
El cierre de 34 estaciones de radio, por casualidad las más escuchadas y plurales, así como el cese de otras 200 que están en proceso, es sólo un adelanto de lo que venía contra la libertad de expresión.
Claro que hay salidas: Este cronista, considera que es momento de iniciar la rebelión civil contemplada en la propia Constitución en su Artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Como expresara hace 17 años en la Asamblea Nacional, en su discurso de orden del 5 de julio, Jorge Olavarría: "no hablemos más de lo que hicieron los héroes de la independencia por liberar a Venezuela del yugo, hagamos lo que ellos hicieron".
La salida, debiera ser electoral, pero este régimen mañoso, consciente que ha perdido su respaldo ante el pueblo y seguro de una derrota inminente en los comicios más inmediatos, inventó todo tipo de artilugios para evitar desde el referendo revocatorio en el que con toda seguridad más de 14 millones de venezolanos hubieran salido a las calles de Venezuela a sacar a Maduro del poder a punta de votos democráticos, así como las elecciones regionales que debieron realizarse desde el mes de diciembre del año 2016 sin otra razón que evitar una derrota en todas las gobernaciones del país.
Sorpresivamente, en lugar de cumplir con estas exigencias constitucionales, Maduro saca de la manga la única carta que tenía a mano para tratar de continuar en el poder y evitar su salida democrática: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente a contrapelo de lo que dicta la Constitución, pues se desconoció el derecho del pueblo a convocarla como bien lo establece el artículo 347 de la Carta Magna y de esa manera Maduro se despachó y se dio el vuelto al proponerla y aprobarla él mismo con la alcahuetería del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia.
Esta arremetida de la dictadura de Maduro es la que nos tiene que mover con mayor decisión a participar todos, absolutamente todos quienes queremos rescatar la democracia, y la vigencia de la Constitución a seguir en las calles y a votar masivamente en las elecciones de gobernadores del mes de octubre, y dejar en evidencia la soledad de este régimen autoritario cuando sea derrotado en las 23 gobernaciones del país.
De esa manera pondremos en evidencia el fraude cometido por Maduro y el arrodillado Consejo Nacional Electoral, cuya rectora presidenta, Tibisay Lucena, tuvo los riñones de anunciarle al país que habían votado el 30 de julio, fecha fijada para la elección de la fraudulenta Constituyente, más de ocho millones de personas cuando en realidad no llegó ni al 12 por ciento del padrón electoral que tiene registrado el CNE que es de casi 20 millones de venezolanos.
A esta cifra, Nicolás Maduro le endosó dos millones más de venezolanos que según él, no pudieron votar porque se lo impidieron las guarimbas sembradas por la oposición, en una especie de epopeya que les hizo cruzar llanuras, montañas y ríos para votar por su espuria e ilegítima propuesta constituyente. Eso no se lo creyó ni el mismo Maduro, pero este es el régimen de la simulación, de la mentira y del engaño.