La oenegé Laboratorio de Paz resumió las principales violaciones a los derechos humanos registradas en el contexto preelectoral del país.
En una nota de prensa, la organización no gubernamental recordó que varios representantes internacionales opinaron sobre la necesidad de contar con observadores electorales. Uno de ellos fue el canciller de Brasil, Mauro Vieira.
“Estamos comprometidos con los Acuerdos de Barbados (…) Consideramos importante que este proceso cuente con una amplia presencia de observadores internacionales”, expresó Vieira durante una intervención ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Luego de su reunión en Apulia, Italia, los países reunidos en el G7 emitieron una declaración en la que hicieron un llamado a implementarse el Acuerdo de Barbados y garantizar “elecciones competitivas e inclusivas, que abarquen misiones de observación electoral internacional completas y creíbles”.
Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, indicó en una entrevista durante una gira por Europa que las instituciones en Venezuela “están claramente deterioradas”.
También, conoció que Colombia tendría listo un nuevo borrador del acuerdo para garantizar la integridad de todos los sectores políticos, que sería sometido a la consideración de Nicolás Maduro, aunque esto fue desmentido posteriormente.
Más tarde, el Centro Carter confirmó que desplegará una Misión Electoral para el 28 de julio, dirigida por Jennie Lincoln. Aclararon que su tamaño y alcance será “limitado” y la misma “no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación”, agregando que se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos.
Denuncia del rector Delpino
El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, denunció que los directivos no se reúnen desde el pasado 26 de marzo, por lo que su presidente, Elvis Amoroso, ha tomado decisiones sin consultar al resto.
Luego de la denuncia, el pasado 20 de junio, el CNE convocó a los candidatos a firmar un acuerdo de reconocimiento, tanto de los resultados como de la actuación del ente comicial en el propio proceso electoral en curso. Los candidatos Edmundo González y Enrique Márquez se negaron a suscribirlo.
El ente comicial también divulgó, en la Gaceta Electoral 1060, la modificación de la normativa sobre acreditación de testigos de mesa. Una de las novedades es que “los testigos de mesa electoral deberán estar inscritos en el centro de votación en el cual se halle localizada la mesa electoral correspondiente”.
El proceso de acreditación comenzará el 28 de junio, lo que obliga a los partidos a revisar la lista de las 30 mil mesas electorales para ubicar dónde votan los testigos que poseen, y calcular cuántos centros de votación podrían quedar sin cobertura con esta nueva regla.
¿Cómo afecta el proceso electoral y los mecanismos de negociación y acuerdos?
Laboratorio de Paz destacó diversas irregularidades que siguen tensando la vigencia del Acuerdo de Barbados.
Nicolás Maduro acusó a Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez, los dos candidatos que no firmaron el último acuerdo ante el CNE, de estar preparando “un golpe de Estado”.
El 20 de junio, el Ministerio Público anunció que Luis López, Juan Iriarte, Jeancarlos Rivas e Ismael González, miembros del equipo de campaña de Edmundo González, habían sido imputados por los delitos de “incitación al odio” y “asociación para delinquir”.
Según datos de Laboratorio de Paz hasta el 22 de junio, un total de 43 personas han sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas. Se han registrado 12 casos de persecución por razones políticas, que incluyen a 6 personas vinculadas a la campaña de Edmundo González Urrutia refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas.
Reseñaron también que la campaña del candidato Edmundo González ha visitado 14 estados del país, pero en 13 de ellos se registraron actos de retaliación y que han ocurrido, por lo menos, 25 detenciones vinculadas a las concentraciones. Además, reportan que se sancionaron y clausuraron por más de 30 días 14 establecimientos por ofrecer bienes y servicios, se emitieron órdenes de cierre temporal de al menos 35 locales en la población de Quíbor, en Lara, y se confiscó un número indeterminado de bienes vinculados al trabajo y sustento de trabajadores.
De igual manera, se han registrado 24 actos de hostigamiento contra personas vinculadas a la campaña de Edmundo González.
Otra acción que vulneró derechos políticos fue lo ocurrido el 19 de junio, cuando se informó que 8 alcaldes del estado Trujillo y 2 de Nueva Esparta, en funciones, habían sido inhabilitados, sumando en total 19 sancionados de este tipo en el 2024.
Ese mismo día el consultor jurídico de Copei (intervenida) y diputado de la Asamblea Nacional, Jaime González, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se suspendan las elecciones hasta que Estados Unidos levante las sanciones.
Fuente: Runrunes
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julio 2, 2024
