Una embarazada y una menor de edad forman parte de las 14 víctimas de la red de explotación sexual que tejieron miembros del “Tren de Aragua” en Concepción, Chile. Se trata de un entramado que -según fiscalía- erigió la pareja de extranjeros conformada por el colombiano Luis Felipe Franco Ceballos y la venezolana Mary Emilia Colmenárez Orozco, quien alcanzó notoriedad pública por difundir su vida de lujos vía TikTok.
Ambos -apunta el organismo persecutor- montaron una organización que les permitió coordinar la llegada de mujeres foráneas a la capital del Bío Bío. Era precisamente Luis, apodado “El Caliche”, quien transfería directamente el dinero vía Western Union a las víctimas para que costearan el viaje vía terrestre en dirección a Chile.
Una vez que se concretaba su arribo, el grupo criminal les cobraba una “multa” de entre 3,5 y 4 millones de pesos por supuestos gastos operativos: el traslado, servicios de producción y publicación de fotografías en una página web de prestaciones sexuales. También por la estadía y la alimentación.
El plan, liderado por ambos imputados, era ese: generar altos montos que fueran imposibles de pagar en su totalidad para así seguir reteniendo a las mujeres y obligarlas a prostituirse.
El control no solo era financiero. En la casa que arrendaban había cámaras de vigilancia y miraban cada uno de los movimientos de las mujeres. También restringían sus celulares. Mary Emilia era quien contestaba las llamadas o respondía los mensajes en lugar de las víctimas. Eso, al mismo tiempo, evitaba que pudieran elegir a sus “clientes”.
Propuesta de ir a Chile
Según antecedentes contenidos en el expediente judicial, desde febrero de 2022, Luis Felipe y Mary Emilia ofrecían a mujeres extranjeras el ingreso y asentamiento en Chile. Sus métodos eran diversos. Podían ser publicaciones, mensajes directos por redes sociales o un tercero residente en el país hacía el vínculo. La propuesta era que ellos pagaban todo el viaje y también su estadía. El único fin era que debían ejercer la prostitución.
La acusación del fiscal del caso Patricio Aravena -a la que accedió La Radio y BBCL Investiga- detalla en 44 páginas que se aprovecharon de su vulnerabilidad y de su dependencia financiera. A eso, se le sumaba que eran amenazadas, incluso con armas de fuego.
Como el ingreso a Chile era ilegal, las vías para hacerlo eran pasos no habilitados. En algunos casos debían atravesar zonas desérticas a pies descalzos. Una vez en el país viajaban hasta Concepción. Toda esa organización y compra de pasajes quedaba a cargo de Luis y Mary. Ambos también se encargaban de las habitaciones ubicadas en Aníbal Pinto 979, en pleno centro penquista.
“Eran pagadas directamente por Franco Ceballos o en ocasiones, directamente por las víctimas con el dinero proveniente de los pagos de los servicios sexuales que realizaban. Manteniéndose aquellas en condición migratoria irregular”, estipula la acusación.
Esos montos se sumaban a otra lista. La de las deudas.
Todo se cobra
Nada de lo que la pareja hacía era gratis. El amarre a las víctimas de explotación sexual era en gran parte económico.
La base de su “deuda” era de a lo menos 3,5 millones de pesos. Esos gastos incluían los traslados desde Colombia/Venezuela hasta Concepción, Chile. También la compra de vestimentas para prestar servicios sexuales y el pago de la peluquería para la sesión de fotos. Esas mismas imágenes se irían a páginas porno que ofrecerían sus servicios sexuales. El propio imputado así lo desclasificó en una conversación telefónica intervenida por la fiscalía.
Según se desprende del intercambio, el “Tren de Aragua” ajusta su modus operandi para explotar mujeres dependiendo de la localidad donde operan. Precisamente en ciudades del norte de Chile los servicios sexuales de las víctimas no son ofrecidos en páginas porno sino en “plazas”. Es decir, locales nocturnos o sectores completos que están bajo control territorial de la asociación criminal transnacional. Y aunque allí el impuesto no se llama multa sino “vacuna”, los resultados son los mismos para quienes no pagan al día.
A todo lo anterior se le sumaba el control total de la vida personal. De partida, no podían usar sus celulares. Luis y Mary era quienes enviaban mensajes y respondían las llamadas. Con eso tenían todo el manejo de cada persona que pedía un encuentro sexual.
“Enviaban clientes a las mujeres víctimas de explotación sexual, quienes debían estar disponibles durante todo el día y en todo horario, encontrándose supeditadas a las instrucciones de Luis Felipe y Mary Emilia, teniendo que prostituirse largas y extensas jornadas”, reza el documento.
Tampoco respetaban las peticiones de las mujeres. Si el cliente exigía hacerlo sin preservativo, las obligaban a tener sexo sin protección.
“Realizaron acciones violentas o intimidantes contra las víctimas y clientes que ellas atendían, provocando con ello que dichas mujeres adoptaran una conducta sumisa en relación con este, atendido el miedo o temor que sentían, contactándose además con los clientes de las víctimas cuando mantenían deudas”, versa la acusación ingresada por el fiscal Patricio Aravena.
Las víctimas
Las mujeres obligadas a prostituirse en su mayoría eran veinteañeras. Una de las víctimas, a la que llamaron “Anna”, era menor de edad. Otra, bautizada con su nombre de fantasía “Mía”, estaba embarazada. Aun así la obligaban a tener sexo para pagar su “deuda”.
En total, eran 14 víctimas.
El objetivo de Luis era expandir la misma actividad en otras ciudades, principalmente en Puerto Montt. A él también se le acusa de adquirir y distribuir ketamina, marihuana y cocaína. Mary, Enrique y Carlos también estaban metidos en ese negocio.
Fuente: Bio Bio Chile
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junio 25, 2024
