Giovanny
El gobernador Francisco Arias Cárdenas “no está completamente contento” con el resultado de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y la distribución de productos. Así lo soltó Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno, frente a beneficiarios de títulos de tierras urbanas, en la Plaza Bolívar. Se ordenó una reforma. “Una revisión profunda en todo el estado y el gobernador me ha encargado trabajar con todos los centros urbanos para que también tengamos los CLAP en los centros y pongamos la comida directamente a ustedes sin intermediarios y sin burocracia”.
En Zulia hay cerca de mil 460 comités, de los cuales mil son atendidos “adecuadamente” y más de 400 “que tenemos que revisar”, declaró Villalobos, en acto de entrega de mil documentos de propiedad de tierras a centro urbanos de San Francisco y Maracaibo, 11 títulos de certificación a las asambleas de viviendo venezolano, 30 compromisos de adjudicación y 60 comités multifamiliares de gestión de vivienda, dentro del plan de regularización de tierras de la Gran Misión Vivienda y con la presencia de José Aranguren, presidente de Inti.
Villalobos aseguró que en “algunos sectores”, donde no llega la distribución “adecuadamente”, están en “revisión exhaustiva” comunidades registradas y autorizadas. Datos regionales cuadran que desde hace seis meses se colocan semanalmente 60 mil bolsas de CLAP, entre 350 y 400 comunidades por comité que reciben alimentos y son sectores “vulnerables económicamente y de clase media”. El Gobierno nacional tiene la meta de lograr la cobertura de atención a cuatro millones de familias a finales de enero. Hasta ahora hay un millón 800 mil familias, informó el jefe de Estado, ayer, en cadena nacional.
Desde la Gobernación del Zulia también se ordenó paralizar la importación de productos. El secretario destacó que no permitirán la especulación. La harina de maíz colombiana con precio de cerca de 920 bolívares y se vende por encima de cuatro mil bolívares, es un hecho que “no permitiremos”, afirmó. Se adecúan los criterios de lo que serán las importaciones de Panamá, Colombia, Ecuador y Bolivia “porque queremos que hayan precios justos”. Ayer, tras la prohibición de ventas condicionadas de rubros regulados, se desplegó la fiscalización en comercios, más de 200 funcionarios se activaron para fiscalizar el cumplimiento.