Este viernes 9 de agosto se cumplen seis meses de la detención de la presidenta de la oenegé Control Ciudadano, Rocío San Miguel, a quien apresaron agentes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cuando se disponía a salir del país, junto a su hija, desde el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira.
La activista venezolana permanece recluida en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo y traición a la patria.
Provea, oenegé dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció en la red social X (antes Twitter) que desde su detención San Miguel no ha podido nombrar a sus abogados de confianza.
“La defensora de derechos humanos sigue en el centro de torturas… Tampoco le permitieron su derecho a la defensa cuando fue presentada a tribunales con una defensa pública impuesta, vulnerando el debido proceso. Hasta la fecha, no se les ha permitido la designación de sus abogados de confianza”, expresó la organización.
Ante ello, Provea exigió la liberación inmediata y sin restricciones de San Miguel.
Según Efecto Cocuyo, la activista estaría en vigilancia permanente en una celda que comparte con otras tres mujeres en El Helicoide.
Arresto
A San Miguel la arrestaron la madrugada del 9 de febrero cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto Simón Bolívar con su hija, a quien liberaron posteriormente.
Días después de la detención, las autoridades allanaron su vivienda mientras la hija se encontraba en el lugar. Durante el allanamiento se llevaron mapas y computadoras, que luego el fiscal general, Tarek William Saab, expuso ante la prensa como “pruebas” de la relación con una presunta conspiración.
Saab mostró fragmentos de una “orden de operación” confiscada a un militar detenido, también acusado de participar en el plan de magnicidio, en los que “aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel”.
Según esos extractos, la acusada debía hacer “enlaces” con medios de comunicación para divulgar “avances de la operación”, generar “afinidad comunicacional con la población militar” y “coordinar” la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.
A la “presa política” la presentaron ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y la forzaron a aceptar un defensor público. Las acusaciones en su contra incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Fuente: El Nacional
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septiembre 12, 2024
