El dirigente zuliano, quien se entregó a las autoridades el pasado 15 de octubre, tiene todas sus esperanzas puestas -dicen fuentes internas- en la ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional
Manuel Rosales, exgobernador del Zulia y perseguido político desde la época del presidente Hugo Chávez, asistirá hoy al Tribunal 19.° de Control, en Caracas, para su tercera audiencia preliminar (las dos primeras se difirieron por falta de despacho). “Se supone que una de las garantías fundamentales de todo juicio es que se realice”, soltó Jesús Ollarves, integrante de la defensa del político zuliano.
Pese a las pruebas que demuestran su inocencia, entre las que destacan el fallo del tribunal disciplinario de la Interpol, que declaró que el caso del fundador de UNT era político, y la declaración jurada del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien confesó que el Gobierno nacional pidió sacarlo del mapa político venezolano, cercanos al excandidato presidencial afirman a La Verdad que el dirigente no confía en la justicia venezolana. Mucho menos después de lo visto ayer con el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, a quien le suspendieron su décima audiencia preliminar.
El líder zuliano, quien se entregó a las autoridades el pasado 15 de octubre -hoy se cumplen tres meses-, tiene todas sus esperanzas puestas -dicen fuentes internas- en la ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional, que a principio de semana llegó al Parlamento y que podría ser discutida en el salón principal de sesiones en unas dos semanas.
Como en las otras dos audiencias diferidas, el equipo de abogados del exgobernador está preparado para llevar a cabo la defensa. Harán -al menos- unas 40 objeciones a las pruebas que el Ministerio Público introdujo para el proceso y presentarán sus argumentos para demostrar que no hay elementos probatorios que comprueben algún enriquecimiento ilícito por parte del dirigente. Unas 168 páginas tiene el escrito de contestación que la defensa tiene preparado desde 2009, cuando Rosales decidió salir al exilio, informó semanas atrás Morris Sierralta, del equipo de defensa.
El abogado Jesús Ollarves afirmó en una nota de prensa que el juicio será la oportunidad para promover pruebas en torno a sus legítimos ingresos y que comprueban la inocencia de Manuel Rosales, así como hacer valer la nulidad del caso en el cual se ha violado todos sus derechos y las grantías fundamentales.
11 meses sin juicio
A pesar de que Antonio Ledezma, preso político del gobierno de Nicolás Maduro, fue detenido el 19 de febrero del año pasado, la justicia venezolana ni siquiera ha sido capaz de llevar a cabo su audiencia preliminar. Mitzy Capriles, su esposa, aseguró que seguirá firme en la lucha por Venezuela. “Un hombre inocente siempre será libre”.
Aseguró que no hay pruebas contra Ledezma, y que por eso difieren, para impedir que defienda su inocencia. “El mundo sabe que esto es un linchamiento (…) En Venezuela barren el piso con los derechos humanos, no respetan la Constitución y los tribunales son manipulados para perseguir”. Detalló que la audiencia se pospuso para el 15 de febrero.
Amnistía para zulianos
Sugey Díaz. Dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo entregan hoy una solicitud formal a la Asamblea Nacional a través de Delsa Solórzano, quien encabeza la comisión que analiza el proyecto de ley de Amnistía que propone la mayoría opositora en el Parlamento. El objetivo es que se incluyan los casos zulianos como el de Manuel Rosales, quien se encuentra encarcelado, y Pablo Pérez, inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Detenidos, con medidas cautelares, perseguidos por la Contraloría General de la República o cualquier instancia, además de los inhabilitados políticos fueron tomados en cuenta en la elaboración del documento, de acuerdo con Víctor Velazco, abogado. “A través de la amnistía podemos perdonar no solamente procesos penales, sino procesos administrativos y es lo que estamos reclamando”.
A los casos de Rosales y Pérez se le unen los de Nidia de Atencio, Carlos Barboza y Hernán Alemán, alcaldes “afectados por este tipo de procesos”, además de más de mil casos registrados de jóvenes judicializados por las protestas del año 2014. Se trata de un documento complementario al que circuló esta semana.
“La conmoción política e institucional que está sufriendo el Parlamento, la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo de Justicia” es uno de los factores que podrían retrasar el plan, insiste Velazco. “Hay una serie de decisiones que tienen que irse resolviendo a las primeras de cambio, pero, en la agenda parlamentaria de la mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática está como una de las prioridades fundamentales el asumir la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”.