La presidenta de Brasil se reunió con un grupo de juristas que aseguran que el proceso iniciado en su contra carece de base sólida
La semana pasada fue clave para el gobierno de Dilma Rousseff : el miércoles 2 de diciembre el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aprobó el pedido de apertura del proceso para destituirla.
Basado en presuntas maniobras contables realizadas por la presidenta en 2014, último año de su primer mandato, para maquillar la situación fiscal del país, el proceso de impeachment fue solicitado por dos renombrados juristas: Hélio Bicudo, un fundador del PT que dejó el partido en 2005; y Miguel Reale Júnior, ex ministro durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.
Con este panorama en mente, hoy Rousseff se reunió con un grupo de 30 juristas que consideran que le falta base jurídica al proceso iniciado la semana pasada en la Cámara de Diputados con miras a destituir a la mandataria.
Según el portal de noticias “Último Segundo”, el grupo denominado “Juristas en defensa de la Democracia” está integrado por profesores universitarios, abogados y juristas que ya habían manifestado apoyo conjunto a Rousseff a comienzos de año, cuando los movimientos que pedir su salida comenzaron a cobrar fuerza.
El grupo defiende la continuidad del mandato de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) hasta 2018, cuando acaba la gestión, y condena “rupturas autoritarias” de dicho mandato.