El expresidente colombiano afirma que existe persecución política contra los dirigentes opositores en el país
Ernesto Samper, expresidente colombiano y antiguo mediador de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la crisis venezolana, continúa apostando porque haya un diálogo en Venezuela, pero esta vez mediado por instancias superiores como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El expresidente colombiano aseveró en una entrevista con el diario chileno La Tercera, que como ha dicho el papa Francisco, el diálogo es importante y es un escenario que en Venezuela siempre será posible para "encontrar salidas a la situación política y social por la que atraviesa el país".
Samper considera entre sus planteamientos que el "mejor interlocutor" internacional serían las Naciones Unidas debido al "escalamiento del problema y el peso de los actores comprometidos".
"Sinceramente, en este momento pienso que el mejor interlocutor a nivel internacional sería Naciones Unidas dado el nivel de escalamiento del problema y el peso de los actores comprometidos. Eso sí, preservando siempre el derecho de los venezolanos a que sean ellos y solo ellos los que, al final, tomen la mejor decisión sobre su futuro", expresó.
Reiteró que la situación venezolana no es fácil porque "las salidas que van quedando son salidas de facto" y todas son "desechables".
"A pesar de todo esto, sigo pensando que todavía hay opciones a través de una negociación para acuerdos relacionados con la gobernabilidad democrática en el corto plazo y el reequilibrio constitucional de poderes para el largo alcance", señaló.
El secretario general de Unasur admitió que existe persecución política contra los dirigentes opositores en el país ante una pregunta que le realizaron: "¿Cree que la persecución contra líderes opositores aumente en el corto plazo?", a la que respondió que no solo esperaba que no existiera sino que se acordara una Ley de Amnistía por medio de una Comisión de la Verdad y la Justicia.
La Ley de Amnistía que espera Ernesto Samper permitiría que todos los detenidos por hechos de violencia relacionados con actividades políticas puedan presentarse en las próximas elecciones tanto regionales como presidenciales.