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Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), fueron aplicadas sanciones pecuniarias por un total de 264 millones de reales (unos 84 millones de dólares) a 11 frigoríficos del estado de Pará, mientras que otros tres operan en la región de Tocantins y otro en Bahía.
Las sanciones han sido aplicadas en medio del escándalo desatado por el descubrimiento de una mafia dedicada a adulterar carnes para el consumo interno y el mercado exportador, lo que ha llevado a decenas de países a suspender su comercio cárnico con Brasil.
Entre las empresas sancionadas por el Ibama figura JBS, una de las principales exportadoras de carnes de Brasil e investigada, junto a una veintena de firmas, por la supuesta adulteración de sus productos.
También precisó que, de acuerdo a una investigación realizada durante el último año, las empresas sancionadas adquirieron un total de 58.879 cabezas de ganado criadas en áreas que fueron desforestadas ilegalmente o de protección ambiental.
Todas las empresas implicadas en este asunto han negado los hechos y han manifestado su intención de apelar a las decisiones del Ibama.
JBS garantizó en una nota que no compra ganado de procedencia dudosa y que todos sus abastecedores son seleccionados con criterios “socioambientales rigurosos”, que incluyen garantías de origen e inspecciones a las haciendas productoras.