El Gobierno pide desesperadamente el diálogo con la oposición, pero a la vez lo bloquea con el anuncio de acciones y decisiones antidiálogo, lo que lo convierte en una conducta burlona para con la comunidad internacional
La arremetida del Gobierno contra la oposición no es solo con el uso de las armas de la República, sino que vemos que una institución cómo el TSJ ha sido convertida descaradamente en un arma cercenadora de los derechos ciudadanos, y lo que pareciera era imposible sucediera lo estamos presenciando con la decisión tomada y violadora de todo el ordenamiento jurídico constitucional y procedimental, al aprobarse el enjuiciamiento de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, imponiéndole medidas cautelares que atentan y lesionan sus derechos, y la cual en su actuación no ha hecho otra cosa sino cumplir con su deber de defender el Estado de derecho y el respeto y vigencia de los derechos humanos. Con ello se pretende en principio silenciarla para que así cese en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que para este Gobierno definitivamente pareciera es su forma de proceder, lo que lo convierte en un Estado fallido, frente al cual los ciudadanos se sienten desprotegidos y amenazados. Solo ha faltado por parte del TSJ haber aprobado igualmente la decisión de condenar a la ciudadana fiscal a la “hoguera”, tal como ocurría en la Francia prerrevolucionaria.
El Gobierno pide desesperadamente el diálogo con la oposición, pero a la vez lo bloquea con el anuncio de acciones y decisiones antidiálogo, lo que lo convierte en una conducta burlona para con la comunidad internacional.
Nada ha impedido que el desprestigio y el rechazo que siente y manifiesta el pueblo en las encuestas esté sobre el orden del 80 % de la población, que rechaza a Maduro y a su proyecto constituyente, y que solo aspira a que el Presidente salga del despacho cuanto antes. El presidente Maduro, ignorando tal realidad, continúa en su política populista al pretender resolver las necesidades y el hambre del pueblo con el nuevo aumento del salario, lo que irremediablemente provocará un nuevo salto hacia delante de los precios de todos los productos alimenticios y otros. En una economía sana, donde existiera suficiente producción y abastecimiento, una medida como esta sería recibida con júbilo y agradecimiento, pero es evidente que el desempleo y la informalidad continuarán creciendo, y con ello se agudizará aún más la crisis social y alimentaria por la que atraviesa el pueblo. ¿Hasta dónde será posible sostener la estabilidad política y social del país? No sabemos. ¿Lo sabrá el señor Presidente?
diciembre 8, 2024
