Seguridad, promesa por cumplir

¿Cómo país no tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas? ¿Es la inseguridad ciudadana un tema de percepción solamente como lo han planteado algunos?

Generalmente los candidatos a cargos públicos de un país, durante sus giras y alocuciones previas a las elecciones, enumeran una cantidad de promesas sobre lo que será su plan de gobierno.

Por lo menos aunque no exclusivamente, en los países latinoamericanos gran parte de las promesas pasan a formar parte del contenido de chistes o caricaturas, ya que no son tomadas seriamente por los ciudadanos.

Pasadas las elecciones y una vez que el nuevo gobierno local o nacional empieza sus funciones, es cuando “se vuelve a la realidad”.

Durante actividades académicas y desde hace no menos de diez años, cuando pregunto a mis socios de aprendizaje cuáles son los principales problemas que tiene Venezuela, siempre aparece la seguridad en los tres primeros lugares. Pero por otra parte, la percepción generalizada es que el Estado no se dedica a atender este problema.

Este último resultado es curiosamente particular cuando hablamos de un Estado donde por lo menos en la teoría, se ha esforzado en buscar soluciones. Este esfuerzo podría estar argumentado en los numerosos planes de seguridad (poco más de 20), que se han implementado desde el año 2000 a la fecha y que van desde el Plan Bratton en Julio del 2000, hasta la activación de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (Julio 2015).

¿Qué ha pasado que a pesar de todas esas iniciativas, los resultados están muy lejos de ser satisfactorios? ¿Cómo país no tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas? ¿Es la inseguridad ciudadana un tema de percepción solamente como lo han planteado algunos?

Las experiencias exitosas en la aplicación de planes de seguridad ciudadana, tienen ciertas características comunes que es necesario atender.

No son improvisados. Obedecen a una política de Estado o plan estratégico de nivel superior, donde los planes de seguridad a nivel nacional, regional o local forman parte. Por tanto, las acciones son coordinadas entre los diferentes entes que deben participar en el plan, los recursos necesarios para su ejecución están plenamente definidos y se han previsto las posibles dificultades que puedan presentarse así como las alternativas para alcanzar el éxito.

Objetivos claros. Se establecen objetivos que deben ser cuantificables, medibles y alcanzables. Esto permite disponer de una clara orientación de hacia dónde se va, en cuanto tiempo y que se requiere para ello.

Multidisciplinarios. La seguridad no es un tema a abordar exclusivamente por funcionarios de las áreas policiales o fuerza armada. Cuando se consideran e involucran diferentes profesionales de otras áreas, el alcance puede ser mayor así como la eficiencia del plan. Por otra parte, si hay algo que se ha evidenciado en numerosas oportunidades, es que la seguridad ciudadana cada vez requiere de más técnicos y menos políticos.

Campaña comunicacional. Antes de iniciar las actividades, pero como elemento del plan, se diseña y desarrolla una amplia y detallada campaña de comunicaciones e información. La misma por una parte, debe ir dirigida a los funcionarios públicos involucrados para obtener la mayor claridad y eficiencia de sus gestiones. Por otra parte, debe informarse a los ciudadanos, quienes siempre no solo son los clientes del plan sino a la vez, pieza fundamental para su funcionamiento. 

La continuidad es clave. Un plan exitoso debe tener continuidad en el tiempo. Etiquetarlo como logros de partidos políticos o peor aún de individuos, no va a obtener la identificación, apoyo y participación permanente de las mayorías. Si el plan no logra parte de los objetivos, esconderlo bajo la alfombra no es la solución. Deben identificarse las oportunidades de mejora y aprovecharlas como señal de compromiso. De lo contrario, se pone en riesgo la credibilidad del plan y la de los responsables del mismo.

Son transparentes. Los planes de seguridad requieren de recursos, y los ciudadanos tienen el derecho de conocer el origen, destino y administración de esos recursos. La corrupción tiene la fatal característica de corroer hasta destruir, cualquier iniciativa a la que se le dé la oportunidad de acceder.

Cuando en un país el cumplimiento de una promesa vinculada a la seguridad, se extiende en el tiempo, el costo lo pagan los habitantes con su patrimonio y hasta con su vida. Mantener el actual estado de las cosas, es contribuir al crecimiento del delito y por ende a la vulnerabilidad de los ciudadanos, quienes ven en el Estado el principal responsable de la solución.