La productora británica de gas y petróleo Shell planea completar en las próximas semanas un estudio marino en el campo de gas Dragón, en el Golfo de Paria, en el estado Sucre, antes de la fecha límite de mayo establecida por Estados Unidos para cancelar las licencias relacionadas con proyectos energéticos en Venezuela, dijeron dos fuentes.
El buque de investigación Doña José II, con bandera colombiana, llegó al país en abril para recopilar datos para Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, y así determinar sitios de perforación y el diseño de un gasoducto en caso de que Washington permita el desarrollo del proyecto, previsto para suministrar gas a Trinidad.
El buque fue fletado por Shell cuando el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció a principios de abril la cancelación de una licencia que otorgó en 2023 para planificar y desarrollar el campo. Shell y NGC tienen hasta el 27 de mayo para cesar operaciones en Venezuela.
Shell, NGC y Pdvsa no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Trinidad es el mayor exportador de gas natural licuado (GNL) de Latinoamérica y uno de los mayores exportadores de amoníaco y metanol del mundo. Sin embargo, la nación caribeña necesita desarrollar yacimientos de gas en Venezuela y en la frontera marítima para contrarrestar la disminución de sus reservas y asegurar el suministro.
El proyecto Dragón se consideraba una de las pocas oportunidades reales para que Trinidad asegure el suministro de gas extranjero para sus industrias, al tiempo que permitiría a Venezuela comenzar a monetizar sus vastas reservas de gas costa afuera.
En 2023, Venezuela otorgó a Shell una licencia de 30 años para operar Dragón con la expectativa de que las exportaciones de gas comenzaran tan pronto como el próximo año para su conversión en GNL en Trinidad.
Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para restaurar la democracia y asegurar el regreso de los migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, mientras que funcionarios chavistas afirman que las sanciones constituyen una “guerra económica”.
Fuente: Reuters
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