Diana Romero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia, explicó que se debe determinar si el proceso no fue bien llevado y si los expedientes no se sustanciaron adecuadamente, porque si es así, “dejó latente la posibilidad para que en el momento oportuno eso saliera a relucir”
Diana Romero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia, señaló que la suspensión de la inhabilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es materia que requiere de un detenido estudio político, legal y constitucional, aunque mencionó que es prematuro emitir cualquier juicio de valor al respecto.
“No puedo opinar sobre algo que no está absolutamente comprobado, si al señor Manuel Rosales le levantaron su inhabilitación tendríamos que conocer qué pasó con ese proceso y qué compromisos habían”, con esto la abogada, explicó que se debe determinar si el proceso no fue bien llevado y si los expedientes no se sustanciaron adecuadamente, porque si es así, “dejó latente la posibilidad para que en el momento oportuno eso saliera a relucir”.
La profesora universitaria actuó como vocera del Colegio de Abogados del estado Zulia, desde la sede en Maracaibo ofreció este martes una rueda de prensa, para fijar posición en cuanto a la negación de la juramentación del gobernador electo Juan Pablo Guanipa ante el Consejo Legislativo de la entidad (CLEZ).
Romero señaló que por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el Gobierno instruyó a los órganos jurisdiccional a que incurrieran en la negación de justicia. Sin embargo, recalcó que eso dará fundamentación a un procedimiento internacional en el que considera que Guanipa deberá impulsar una lucha fuera del país ante esto que lo calificó como ilegal y fraudulento.