La solicitud contra los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se realiza por los “graves errores como denegación de justicia, fraude y prevaricato constitucional” en el caso de los diputados electos por el estado Amazonas
El historiador Walter Márquez junto con los diputados de la Asamblea Nacional José Luis Pirela y Rafael Veloz asistidos por la abogado Ana Paula Diniz, solicitaron ante la Fiscalía General de la República una investigación penal contra los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
La solicitud incluye también la remoción de sus cargos, a consecuencia de lo que consideran “graves y inexcusables errores judiciales como denegación de justicia, fraude y prevaricato constitucional” conforme a lo establecido en los artículos 265 de la Constitución de la República y el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, además de haber cometido violación de tratados internacionales de acuerdo al artículo 153, numeral 3, del Código Penal, en perjuicio de los diputados electos del estado Amazonas Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana de la Mesa de la Unidad Democrática, así como Miguel Tadeo Monagas del PSUV.
El parlamentario nacional jubilado Walter Márquez señaló desde el Palacio Federal Legislativo junto a otros diputados, entre ellos los representantes de Amazonas afectados por la medida judicial y la diputada María Gabriela Hernández, detalló los argumentos esbozados en el texto de la denuncia.
En ese sentido resaltó que quienes conforman actualmente la Sala Electoral le dieron credibilidad dolosa a una comunicación que fue interceptada de manera ilegal, sin ninguna carga probatoria, suspendiendo la proclamación de los diputados de Amazonas, dejando en un estado de indefensión su representación popular por ese estado y especialmente afectando la representación parlamentaria indígena que contempla el artículo 125 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Explicó que el expediente de la Sala Electoral, “está plagado de una serie de vicios procesales, violando normas constitucionales, y tratados internacionales, porque los magistrados que la conforman actúan más como agentes políticos que como jueces de la República, al punto que parten de un supuesto hecho notorio comunicacional que es simplemente una grabación, que en nada compromete la responsabilidad de los diputados que fueron electos, a quienes no solo le violan su inmunidad parlamentaria, sino sus derechos ciudadanos. Al desproclamar ilegalmente los diputados de Amazonas, están violando también la declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los pueblos indígenas, y el convenio 169 de la organización internacional del Trabajo” (OIT).
Responsabilidad penal de Magistrados
Márquez señaló que exigen la investigación de la responsabilidad penal y la remoción de los cargos de la presidenta de la Sala Electoral Indira Alonzo Izaguirre, así como de los magistrados Malaquías Gil Rodríguez, Jhannett María Madriz Sotillo, Fanny Márquez Cordero y Christian Tyrone Zerpa, algunos de los cuales han sido militantes del PSUV. La investigación también se solicita por simulación de hecho punible, conforme al artículo 239 del Código penal contra Jorge Rodrígurez por haber promovido y difundido una prueba falsa y Nilcia Maldonado por haber solicitado un temerario amparo constitucional.
El documento pide que los magistrados sean pasados al tribunal disciplinario del Colegio de Abogados por violación del código de ética de los jueces de la República.
Instancias internacionales
En la denuncia también están solicitando la intervención del Comité de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, del Parlamento Latinoamericano, del Parlamento Europeo y de Parlasur, para defender el derecho de los pueblos indígenas a tener su representación legislativa.