Las alternativas de regularización para los migrantes venezolanos en Colombia se han reducido drásticamente desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro.
Según una nota publicada por la revista Semana, el Ejecutivo dejó de lado las estrategias de integración heredadas de las dos administraciones anteriores, como el Estatuto Temporal de Protección y los Permisos Especiales de Permanencia, cuyos plazos de registro ya vencieron y miles de personas quedaron en situación migratoria irregular.
Actualmente, la única vía disponible para quienes no lograron hacer el trámite a tiempo o recién han migrado, es la visa especial de visitante venezolano, mecanismo creado en diciembre de 2024.
Sin embargo, solo el 11,6 % de las solicitudes recibidas por la Cancillería fueron aprobadas, de acuerdo con la información obtenida por Semana mediante un derecho de petición. La cartera no reveló cuántas solicitudes se han rechazado.
Los requisitos para obtener la visa son presentar documentos apostillados, certificados de ingresos, historial migratorio, datos de las personas con quienes conviven, el último título académico y una carta que sustente su situación económica.
En la práctica, muchos venezolanos no logran reunir esta documentación, especialmente quienes salieron del país sin los papeles en regla o no pueden acceder fácilmente a los servicios del Estado venezolano para apostillar documentos.
Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, el flujo migratorio hacia Colombia aumentó, especialmente de sectores ligados al activismo político y la defensa de los derechos humanos.
“La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay un margen alto de personas en situación irregular que no se conoce dónde están, entre 1,2 y 1,5 millones de venezolanos que no están registrados”, apuntó el abogado de la ONG Plan País, César González.
En septiembre de 2024, el gobierno colombiano creó un nuevo permiso, el PEP-Tutor, destinado a regularizar a adultos responsables de niñas, niños y adolescentes venezolanos. No obstante, este mecanismo aún no está en funcionamiento y quienes llegan al país vecino cuidando menores siguen sin poder acceder a un estatus legal.
Otra opción es la solicitud de refugio, pero el proceso es largo e incierto. Entre 2015 y 2024 se recibieron 64.000 solicitudes ante la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, con tiempos de espera que alcanzan los tres años en los que la mayoría de solicitudes no han sido acogidas
Fuente: Semana.
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