“Solo es un maquillaje mediático”

La aclaratoria del Tribunal Supremo de Justicia no cambia situación de la Asamblea Nacional. Félix Seijas, director de la firma Delphos, afirma que las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz fueron determinantes para que el Gobierno hiciera un control de daños

Después de que el presidente Nicolás Maduro exhortara a través del Consejo de Seguridad de la Nación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revisar las sentencias 155 y 156 que eliminan la inmunidad parlamentaria de los diputados y despojan a la Asamblea Nacional (AN) de sus competencias, el máximo órgano judicial suprimió esos dos párrafos de ambos fallos.

En la página web del TSJ está la publicación de dichos contenidos: La sentencia 157 aclara que suprime lo que respecta a la inmunidad parlamentaria y la 158 lo que refiere al dispositivo relacionado a la Sala Constitucional, la cual garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta o por el órgano que ella disponga, para velar por el estado de derecho.

Félix Seijas, director de la firma Delphos y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirma que las sentencias son “zancadas” que el Gobierno da porque necesita dinero y está trancado por la AN, además no esperaba una reacción de la comunidad internacional de esa magnitud y de los focos de calle, que en los dos últimos días empezaron a crecer y “a eso el Ejecutivo le tiene miedo”.

El analista político suma un tercer factor, que son las declaraciones de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, en las que recalcó que las sentencias habían roto el hilo constitucional y mostraban varias violaciones de la Constitución, cuyo elemento considera que motivó al Gobierno a hacer un “control de daños” y a que el TSJ diera un “maquillaje mediático” eliminando puntos de los fallos publicando dos aclaratorias.

“Las aclaratorias no resuelven nada, no se ha restituido nada, la Asamblea Nacional continúa bloqueada, lo que ellos llaman desacatado, hay todavía presos políticos, no hay un cronograma electoral, lo que hay es un maquillaje mediático para tratar de apaciguar lo que se venía vertiendo con la presión internacional y los focos de calle”.

Para Seijas la oposición no debe dejar que esta ola que venía en aumento hace dos días pierda fuerza. “La Unidad debe mantener el impulso que se dio en la calle, porque el orden constitucional no ha sido restablecido, esta es una oportunidad para activar el malestar que estaba contenido, porque la presión no sabía por dónde escapar, y deben rescatar la confianza que había mermado hacía la oposición”.

TSJ no restituye nada 

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, señala que las aclaratorias del Tribunal Supremo de Justicia “no significa” que la inmunidad parlamentaria esté restablecida, porque “sino estaría en libertad el diputado Gilbert Caro, habría un comunicado del Saime restituyendo los pasaportes de los parlamentarios Luis Florido y Wílliams Dávila y habría un cese a la persecución de los diputados”.

Con respecto a las competencias de la AN, explica que la sentencia 158 suprimió el párrafo donde expresa que la Sala Constitucional iba a asumir las competencias del Parlamento mientras persista el desacato directamente o a través de los órganos que elija, eso no significa que la Asamblea tiene todas sus funciones porque en 56 decisiones anteriores, el TSJ le quitó la mayoría de sus competencias legislativas y de control político. “El Parlamento no tiene facultades para legislar, para interpelar a ministros y los votos de censura son dejados sin efecto”.

Haro aclaró que no es verdad que el máximo órgano judicial restituyó las competencias a la Asamblea Nacional; por tanto, la Sala Constitucional seguirá desconociendo bajo el argumento de desacato las competencias de la Cámara y caso por caso irá atribuyéndose sus funciones, “lo cual harán socavadamente porque eso generó mucho ruido internacionalmente y porque mañana lunes hay una sesión permanente de la OEA”.

Magistrados en delitos   

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, explica que los magistrados que firmaron las sentencias 155 y 156 que eliminan la inmunidad parlamentarias y le quitaban sus competencias a la Asamblea Nacional, incurrieron en dos delitos: conspiración e instigación pública, los cuales solo puede determinarlos la Fiscalía General de la República iniciando una investigación. Precisa que al eliminar la inmunidad parlamentaria hay una conspiración contra la forma republicana de la República y el de instigamiento público es que está instigando a la desobediencia de la Constitución. No obstante, advierte que la Sala Penal del TSJ es la que decide a la final si la Fiscalía tiene razón en acusar por ambos delitos a los magistrados, lo cual cree muy poco probable que suceda.

Destitución lejana

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, señala que el artículo 255 de la Constitución habilita a la Asamblea Nacional a destituir a los magistrados del TSJ con previa falta grave calificada por el Consejo Moral Republicano, el cual está integrado por la fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República; siendo así considera que el primero obstáculo que tendrían los diputados para poder destituir a lo magistrados es que “se califique esa falta grave porque en la práctica tanto el defensor del Pueblo y el contralor general de la República están en contra de la destitución de los magistrados y consideran que ellos no cometen ninguna falta grave”.