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No es casualidad, que la mayoría de los organismos multilaterales, así como las más importantes calificadoras de riesgo, han pronosticado para 2015 proyecciones negativas en cuanto a crecimiento económico en nuestro país. Así tenemos, que el Fondo Monetario Internacional (FMI), estima un retroceso del siete por ciento del (PIB) y un crecimiento del (INPC) de 97 por ciento. El Banco Mundial advirtió, que el efecto de la caída en los precios internacionales de las materias primas que la región exporta, la disminución de la inversión y la desaceleración de China, son algunas de las circunstancias que explican la situación, por haber expandido el gasto público a niveles que dependía de un precio de petróleo alto y ahora enfrentan una situación con un precio del crudo más bajo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aunque más moderada, prevé una contracción de 3,5 por ciento del PIB, con un aumento del costo de la vida superior al 60 por ciento. La agencia de calificación de riesgo Moodys, señala que existen graves problemas por una combinación de la reducción de los ingresos por venta de crudo y años de mal manejo económico. Sin embargo, el Gobierno aún mantiene sus proyecciones establecidas en la Ley de Presupuesto, es decir, un crecimiento económico de tres por ciento del PIB y una tasa de inflación del 30 por ciento.
La contracción prevista para 2015, no obedece a la caída de la demanda sino a la imposibilidad de restituir la oferta nacional, porque no hay capacidad productiva. Esto evidencia los efectos colaterales de haber sostenido el control cambiario y de precios. Al control de cambio le queda de vida, lo que resta de vida a los inventarios. Los analistas están de acuerdo que la salida de capitales, la elevada inflación, la disparidad en los tipos de cambio (oficial y de mercado), junto con las medidas para ordenar los desequilibrios internos y externos incluidos los controles de precios, tipos de cambio, están dañando la confianza y la actividad económica. Eso creemos.