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Los testimonios de los “atropellos vividos” en Empresas Polar se conocieron ayer en asamblea general de trabajadores. Se ensambló el malestar por las “amenazas” recibidas de funcionarios del Gobierno.
El relato de cómo llegaron en secuencias de días y con la orden de “llevarse a alguien preso” dejó claro al personal que el Gobierno odia a la masa trabajadora de la industria que surte la mayoría de productos al mercado venezolano.
Hecho que se evidencia con la “detención de Layra” Parra, gerente del centro de Distribución de Alimentos Polar en Yaracuy. Pese a que el Juzgado 4.° de Control de la Circunscripción Judicial del estado dictó libertad bajo fianza y el Ministerio Público “no encontró delito”, la profesional sigue detenida.
Luego de las acciones tomadas contra la responsable de distribución, ocurrieron continuadas detenciones en Zulia y Portuguesa, filiales de Cervecería Polar. Hasta cuatro vigilantes privados sufrieron la privación de libertad por la arremetida del Ejecutivo. Suman 20 personas retenidas y ya en libertad. Layra tiene 14 días “sin ver a sus hijos”, criticaron sus colegas.
Ayer, en video conferencia desde diversas ciudades, los trabajadores soltaban entre aplausos: “Somos trabajadores, no somos delincuentes. Liberen a Layra”. En Zulia, Rafael Pulido, analista de gestión, comentó cómo el 12 de septiembre “funcionarios” y “compañeros” -el grupo que pide reincorporación de cargos tras suspensión por paralización de operaciones- ingresaron a Planta Modelo de Cervecería Polar y “en todo momento recibimos amenazas e insultos. Una vez adentro sentimos una actitud de atropello, no dejaron que los abogados colocaran los alegatos de defensa en las actas”.
La Inspectoría del Trabajo de San Francisco y Polisur llegaron a ejecutar la medida. “Los policías agredieron a los compañeros de trabajo que manifestaban su apoyo” a los trabajadores receptores de la inspección. En esa ocasión detuvieron a Julio Cepeda, superintendente de operaciones de envase. Por varias horas estuvo en la sede de la Policía municipal sureña.
Thaís Fernández, analista, aseguró sentir que los trabajadores son “acosados, atropellados. De manera injusta” por la fuerza pública. Ese lunes sintió empujones y jalones de “pelo” y vio de cerca un arma de fuego que desenfundaron los oficiales. “Y nosotros no estamos armados. Nosotros lo que tenemos son nuestras manos para trabajar”. Lamentó la división laboral generada por la falta de materia prima para reincorporar al personal suspendido.
Josnay Qhinche, superintendente de operaciones, señaló que son “víctimas de atropellos” desde hace días. “nosotros venimos a esta empresa es a trabajar, a producir. Estamos siendo afectados por la falta de materia prima”. En Caracas, Maigre Atienza, gerente comercial en centro occidente, afectada en Portuguesa, dijo que hay “persecución” y “discriminación” del Gobierno. “Exigimos el respeto que merecemos como trabajadores honestos”.