El Departamento de Justicio de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), elevó este lunes 26 de enero a 87 el número total de acusados en una investigación federal sobre un esquema de robos a cajeros automáticos vinculado al “Tren de Aragua”.
El método de robo utilizado por los acusados, conocidos como “jackpotting”, consiste en el uso de “software” maliciosos para forzar a los cajeros automáticos a dispensar dinero en efectivo sin autorización del banco.
El “malware”, conocido como Ploutus, fue utilizado por los sospechosos en los estados de Nebraska, Colorado, Nuevo México, Nueva York y Texas, según detallan documentos oficiales publicados este lunes 26 por el DOJ.
El gobierno de Donald Trump anunció cargos contra más de 70 personas relacionadas con el “Tren de Aragua” el pasado diciembre, incluidos Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y Jimena Romina Araya Navarro, alias “Rosita”.
Con esta última acusación, presentada en Nebraska, el total de imputados llega a 87, de los cuales la mayoría son ciudadanos de origen venezolano y colombiano, según DOJ.
Esta acusación formal incluye 32 cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo a banco y fraude informático, fraude bancario, robo a banco y daños a computadoras, según se lee en el mencionado comunicado.
La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, declaró que “el Tren de Aragua’ es una organización terrorista compleja que comete graves delitos financieros, además de atroces violaciones, asesinatos y tráfico de drogas”.
Además, aseguró que el DOJ “ya ha procesado a más de 290 miembros del Tren de Aragua y seguirá trabajando incansablemente para poner tras las rejas a estos despiadados terroristas después de que el gobierno anterior les permitiera infiltrarse en nuestro país”.
El caso es parte de una amplia investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la participación del FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio Secreto y otras agencias federales.
Según se lee en el mencionado documento, los acusados se enfrentan a penas de prisión que van desde décadas hasta más de 300 años. La magnitud de la sentencia depende de los cargos establecidos por la Fiscalía Federal.
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