Especialistas exhortan a preparase con documentación y conociendo las normativas por efectos de la “política equivocada” de desincentivo de actividades
Para especialistas jurídicos las leyes que cercan la economía con “amenazas” a las actividades productivas empresariales frente a un Estado que “monopoliza” las divisas, desconociendo globalización, la libre competencia y de mercado, son normativas sujetas a una “política equivocada”, son “punitivas”.
Son una mezcla desfavorecedora en cuya salida se recomienda a los empresarios tener “claros los costos (de producción), documentación, conocer las leyes y límites. Estar preparado para poder dar una respuesta oportuna y lógica correspondiente a los hechos. Nada fuera de lo normal”, precisa Fernando Fernández, profesor en Derecho Penal Económico, en la jornada dictada por la Universidad Rafael Urdaneta sobre el tema penal económico y firma de creación de la Asociación Venezolana de Derecho Penal y Económico.
Los anuncios de modificación de la Ley Orgánica de Precios Justos con “más sanciones” a empresarios aumentan la necesidad de “estudiar” la historia para conocer los efectos por aplicación de instrumentos que contrarios a prevenir el delito “más bien incentivan”. Como el caso de la Unión Soviética, que ocasionó “desabastecimiento y hambruna”, recuerda Fernández.
“Ya ocurrió en el tema cambiario, cuando hubo el monopolio por el cual solo el Banco Central (de Venezuela) podía comprar y vender divisas. Qué ocurrió? Todo el mundo buscó cómo refugiarse en divisas. Fue tan masivo que tuvieron que derogarlo, despenalizarlo”.
Frente a las acciones que derivan en una orden de llevarse preso al empresario o responsable de la actividad productiva y comercial, se insta a una “política interna de evitar el delito de corrupción privada con un oficial de cumplimiento, códigos de conductas de los empleados y tener documentación, inventarios y todo al día”, recalca Francisco Santana, abogado y analista.
A los propietarios se les recomienda, tras agotarse las vías legales constitucionales y de derecho universal, “estudiar, informarse. Que se eduque”, advierte Fernández. Las opciones dirigidas a “organización gremial” y atender un código de ética para una conducta “bien fija” sobresalen de las sugerencias.