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En forma unánime, la corte aceptó las primeras apelaciones de la defensa de Rousseff, destituida por fraudes fiscales en agosto de 2016 y sustituida por Temer, que pidió un plazo mayor para presentar sus alegaciones finales y citar nuevos testigos, con lo cual el proceso ha quedado suspendido por un plazo aún no definido.
El tribunal aceptó la tesis de la defensa de Rousseff, según la cual el plazo para presentar sus últimos alegatos era de cinco días, y no de dos como había establecido la corte, y también la necesidad de que sean escuchados nuevos testigos.
La aceptación de esas demandas abre un paréntesis en el juicio, que quedará en suspenso al menos hasta la próxima semana, cuando vencerá el nuevo plazo para la presentación de los alegatos finales de las defensas, aunque en medios jurídicos ya se calcula que sólo será retomado en mayo.
Catalogada como Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) 194358, la demanda se refiere a supuestas "donaciones" recibidas por Rousseff y Temer para la campaña de 2014, cuando fueron reelegidos, que habrían salido de la red de corrupción que operó en Petrobras y concretamente del grupo Odebrecht, implicado en esa trama.
Según ha confesado Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, su grupo donó para esa campaña de Rousseff y Temer 150 millones de reales (hoy unos 48 millones de dólares) y al menos una tercera parte de ese dinero tuvo origen en la corrupción.
Rousseff y Temer ganaron las elecciones de 2014, que mantuvieron a ella al poder y a él en la vicepresidencia, aunque la mandataria fue destituida por irregularidades fiscales en agosto pasado y el actual gobernante heredó el mandato que ahora puede perder, lo que llevaría a una elección indirecta en el Congreso.
Si se llegara a ese extremo, sería la primera vez en la historia que dos presidentes brasileños sean destituidos durante el mismo período.
Si hubiera una sentencia condenatoria, quien fuera elegido por el Congreso para suceder a Temer concluiría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.