Familiares del detenido manifiestan que ha sufrido “violación sistemática de todos sus derechos fundamentales”, entre ellos el derecho a la defensa, negación de alimentación y asistencia médica
Familiares del teniente coronel Igbert Marín Chaparro anunciaron que el militar, detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lleva 22 días en huelga de hambre en exigencia de sus derechos mínimos, su traslado a otro centro de reclusión y la liberación de todos los presos políticos en el país.
Los familiares del militar, a través de su cuenta en Twitter, han solicitado apoyo para que sea liberado o trasladado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, conocido como la cárcel de Ramo Verde, tal como lo ordenó un tribunal en diciembre de 2020.
También denunciaron que, hasta la fecha, no ha recibido la visita de la Fiscalía 94 de Derechos Humanos para tomarle declaración sobre los motivos de su protesta, recordando que ha sufrido una “violación sistemática de todos sus derechos fundamentales”, entre ellos al debido proceso y derecho a la defensa, negación de alimentación y asistencia médica.
También pidieron al fiscal Tarek William Saab que se aboque “a realizar una investigación transparente. Se deben establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar a todos los detenidos en DGCIM su integridad personal”.
El teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien fue jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, informó el inicio de su huelga de hambre el pasado 22 de noviembre a través de un comunicado. El oficial del Ejército aseguró que ha subsistido durante casi cinco años al “secuestro” dentro de los sótanos de la DGCIM, donde afirma ha sido sometido “a varias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Esta es la segunda huelga de hambre a la que se somete el preso político. A mediados de diciembre de 2021 inició otra protesta para exigir los mismos puntos.
El teniente Igbert Marín Chaparro fue apresado el 16 de marzo de 2018 por funcionarios de la DGCIM. Se le acusó de instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. En diciembre de 2020 fue condenado a siete años y seis meses de prisión.
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Fuente: Tal Cual
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