Theresa May admitió la posibilidad de que no haya Brexit

Cuatro miembros del Gobierno anuncian su renuncia tras lograr la primera ministra el apoyo al texto. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convoca una cumbre de urgencia el 25 de noviembre

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, admitió este jueves que podría no darse la salida del país de la Unión Europea (UE) conocida como “Brexit”, en medio de una ola de renuncias en su gabinete tras el acuerdo preliminar alcanzado con Bruselas.

“La opción es clara. Podemos elegir salirnos sin un acuerdo, o no tener un ‘Brexit’. O podemos aceptar este acuerdo”, dijo May ante el parlamento, que deberá votar si aprueba el pacto negociado con la UE.

Al momento han renunciado los secretarios de Estados para el Brexit, Dominic Raab, y de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, además de otros tres miembros de menor rango en el gabinete, incluyendo el ministro para Irlanda del Norte Shailesh Vara.

De acuerdo al líder del Partido Laborista y la oposición, Jeremy Corbyn, el gobierno de May está “en caos” y es imposible que los parlamentarios apoyen el acuerdo luego de que Raab, encargado de negociarlo, renunciara.

Además, pidió al parlamento que no acepte una “falsa elección” entre este acuerdo o no tener ninguno.

Al respecto, May respondió a Corbyn asegurando que su gobierno está planeando seriamente la posibilidad de concretar el Brexit, pautado para el 29 de marzo de 2019 pero con un tiempo de transición extendido hasta el 2020, sin acuerdo de salida si el parlamento rechazara su iniciativa.

El polémico borrador acordado por el gobierno británico y la UE pareció no contentar a nadie en el Reino Unido y avanza sobre la cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, los costos de la separación, los derechos de los ciudadanos, la transición y el futuro de la relación.

Entre sus puntos más cuestionados están el régimen especial de adecuación de Irlanda del Norte a regulaciones europeas para evitar que se levante una frontera estricta con Irlanda, la posibilidad de extender el período de transición indefinidamente en el tiempo y una factura de cerca de 40.000 millones de euros que Londres deberá pagar para honrar sus compromisos asumidos.