Trabajadores de empresas distribuidoras de alimentos y bebidas del grupo Polar se reunirán mañana con representantes del Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo para discutir la nueva ubicación del Centro de Distribución, ubicado al oeste de Caracas, del que se ordenó su desocupación la semana pasada
Trabajadores de empresas distribuidoras de alimentos y bebidas del grupo Polar se reunirán mañana en una segunda mesa de trabajo con representantes del Ministerio para la Hábitat y Vivienda, la Defensoría del Pueblo, sindicato, voceros patronales y la Inspectoría del Trabajo para discutir desocupación del Centro de Distribución ubicado en la avenida Intercomunal de Antímano, en La Yaguara, en la zona oeste de Caracas, y definir una nueva ubicación.
Así lo informó el secretario general del Sindicato Profesional Bolivariano de Trabajadores de las Bebidas, Afines y Conexos, Bladimir Camargo, en entrevista este lunes en el programa El Desayuno, de Venezolana de Televisión, quien añadió que esperan que el patrono lleve propuestas concretas.
El viernes pasado, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, se reunió con los trabajadores en La Yaguara y acordaron las mesas de trabajo también para garantizar mejores condiciones laborales y en resguardo del derecho de los 560 trabajadores de Pepsi-Cola del lugar, donde operan como centro de distribución de bebidas para la zona oeste de la capital.
“El viernes pasado llevamos una primera mesa en el edificio de la Fundación de Hábitat y Vivienda, donde estuvieron las partes involucradas para crear la primera mesa de conciliación y acuerdo para ver de qué manera vamos a desalojar, y los consejos comunales se van a incorporar a los planes de vivienda”, dijo Camargo.
Asimismo, refirió que el miércoles pasado una juez laboral se apersonó al centro operativo para notificar al patrono sobre un plazo de 60 días para el desalojo, en cumplimiento del decreto presidencial de 2012 firmado por el presidente Hugo Chávez para el uso de los terrenos para la construcción de casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, medida que fue notificada entonces al propietario de los galpones y de la empresa, “por lo que tenían que ir buscando espacios para adecuar sus operaciones”, remarcó Camargo.
El sindicalista fue enfático al recordar que no se trata de una medida de expropiación sino de desocupación que ya estaba anunciada legalmente.