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La Superintendencia Nacional de Precios Justos ampliará su base de inspecciones con tres mil fiscales este año, a fin de abordar en la calle y con mayor capacidad de respuesta el combate a la especulación en que incurren algunos sectores comerciales que aplican la guerra económica contra el pueblo.
“De 600 fiscales que teníamos, vamos hacia los tres mil. Ya tenemos dos mil 200 en la calle que están abordando objetivos todos los días”, precisó el titular del organismo, César Ferrer, en Venezolana de Televisión, este miércoles.
Destacó que en lo que va de año llevan cincuenta y cinco mil fiscalizaciones y más de veinte mil sujetos sancionados.
La institución, adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, también hace ajustes para ampliar la capacidad de procesar las demandas de los ciudadanos a través del número telefónico 0800-LOJUSTO (0800-5658786), con el que reciben a alrededor de quince mil denuncias al mes.
Ferrer recalcó que el ajuste a Ley de Precios Justos, anunciado la semana pasada por el mandatario nacional, Nicolás Maduro, empodera aún más al pueblo para ejercer la contraloría social y combatir la guerra económica, por lo que llamó al Poder Popular a seguir apoyando a los fiscales, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Milicia en esta misión.
Como parte de las medidas socioeonómicas anunciadas por el presidente Maduro para reivindicar el esfuerzo de los productores nacionales y proteger al pueblo de la especulación y la usura, la Superintendencia publicó este martes una providencia que incluye la incorporación de las categorías Precio Máximo de Venta al Público y Precio Justo.
Ferrer explicó que ambas van a ser troqueladas según las características del producto, “pero todo tiene que ser marcado por el productor (…) El precio justo es exclusivamente el que va a fijar la Superintendencia (…) y es una categoría especialísima dentro de lo general de lo que va a ser el Precio Máximo de Venta al Público”.
Mencionó que fiscales del organismo han constatado en algunos centros comerciales que ya hay una tendencia a revertir los precios. “Hay una reacción del sector entendiendo que el pueblo debe tener derechos y sobre todo entendiendo que hay un gobierno dispuesto a proteger al pueblo con todas las herramientas de la Constitución y siendo muy severos en la aplicación de la ley”, enfatizó.
Hizo la salvedad de que también aplicarán un plan de operaciones para supervisar las ventas a través de internet, y así combatir la especulación en la que incurran mafias que por esta vía se desvían de la cadena regular de comercialización.