La Sala Penal de la Audiencia Nacional española anunció este martes 16 de septiembre el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el empresario venezolano y propietario del canal Globovisión, Raúl Gorrín, investigado desde 2017 por presuntos delitos de "blanqueo de capitales y organización criminal".
La resolución, firmada por los magistrados Juan Francisco Martel Rivero, Javier Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Roselló, desestima el recurso de apelación interpuesto por la organización Acces Info Europe, que ejercía la acusación popular y solicitaba la continuación de la instrucción.
Según el documento, el tribunal respaldó los argumentos de la magistrada María Tardón, quien en junio de 2025 consideró que la investigación "estaba agotada y que no existían indicios suficientes para mantener el procedimiento abierto".
La Audiencia Nacional destacó que las diligencias pendientes "no afectan directamente al investigado y que prolongar la investigación sin nuevos elementos vulneraría el derecho a la presunción de inocencia y la seguridad jurídica".
La resolución también levanta todas las medidas cautelares que pesaban sobre Gorrín y declara de oficio las costas procesales. Aunque la decisión no admite recurso ordinario, el tribunal dejó abierta la posibilidad de reabrir la causa si aparecieran nuevos indicios incriminatorios.
Asimismo, señaló que los hechos investigados, relacionados con una operativa de crédito entre Rantor Capital, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la posterior cesión a Eaton Global Services Limited, "no presentaban caracteres delictivos".
El tribunal los describió como "hechos de legítima factura" enmarcados en un "asunto civil de interpretación de contratos".
Además, se destacó que la ejecución de comisiones rogatorias o la práctica de nuevas diligencias "no modificarían la situación probatoria, ya que no aportarían elementos incriminatorios relevantes para Gorrín".
Aunque la acusación popular alegó que Gorrín enfrenta procesos en Estados Unidos por corrupción y blanqueo, el tribunal español consideró que estos hechos no "justificaban por sí solos la continuación de la causa en España, especialmente ante la falta de conexión directa con los hechos investigados".
La decisión desestima el recurso de apelación y confirma el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a Gorrín, con el levantamiento de todas las medidas cautelares que pudieran haberse adoptado. Además, se declaran de oficio las costas procesales generadas en esta segunda instancia.
Gorrín, vinculado a operaciones financieras internacionales y propietario de medios de comunicación en Venezuela, permanecía bajo investigación desde hace ocho años en uno de los sumarios más prolongados de la Audiencia Nacional relacionados con supuesta corrupción venezolana en España.
Su defensa siempre mantuvo que las operaciones investigadas "eran legales y cumplían con todos los controles financieros y fiscales".
Acusación
Gorrín se encuentra formalmente acusado en Estados Unidos por múltiples delitos graves relacionados con corrupción y blanqueo de capitales
Según la documentación judicial, el empresario utilizó una estructura delictiva similar en ambos países, mediante contratos ficticios y la utilización de empresas como Rantor Capital C.A. y Eaton Global Services Limited, para adquirir bienes inmuebles en España, incluidos varios inmuebles en Marbella y Madrid.
Parte del dinero ilícito fue presuntamente transferido posteriormente a otras sociedades, como Uldono LTD y el grupo Columbus, compuesto por varias empresas que adquirieron propiedades en distintas localidades españolas.
El procedimiento judicial en España apunta a que la operativa financiera consistía en el uso de préstamos ficticios y sociedades instrumentales para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Las investigaciones señalan que la red de blanqueo de capitales operaba en distintos países, incluidos Estados Unidos, Portugal, Andorra, Argentina y Malta, creando estructuras societarias complejas para dificultar el rastreo del dinero.
En paralelo, organismos internacionales han denunciado la falta de independencia del sistema judicial venezolano, lo que "limita la posibilidad de que se investiguen con rigor los delitos cometidos en Venezuela".
El caso también resalta la interconexión de los delitos de corrupción y blanqueo de capitales a nivel internacional, destacando la participación de Gorrín en la generación y traslado de fondos ilícitos hacia España, donde se habrían invertido en bienes inmuebles y sociedades controladas por él y su entorno.
Las autoridades españolas consideran que los hechos investigados constituyen un presunto delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301 del Código Penal, así como un delito de organización criminal, cuya magnitud implica la participación de múltiples personas y estructuras empresariales interpuestas para ocultar el origen de los fondos.
Fuente: El Cooperante
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