Un tribunal de control negó la solicitud de amnistía presentada a favor del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien permanece detenido desde el 1 de enero de 2025, en un caso que sus familiares y organizaciones de derechos humanos describen como una posible “desaparición forzada” debido a la “falta de información” oficial sobre su paradero.
De acuerdo con el abogado Moisés Gutiérrez, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el Tribunal Segundo de Control desestimó el recurso al considerar que los delitos imputados a Quero Navas “no encajan” dentro de los supuestos previstos para la aplicación de beneficios de amnistía.
La defensa calificó la decisión como un “nuevo obstáculo” en el proceso para obtener justicia y esclarecer su paradero. Además, reiteró que el caso continúa sin respuestas oficiales sobre su ubicación.
Pese al fallo, la organización y la defensa jurídica aseguraron que mantendrán el acompañamiento a la familia y continuarán exigiendo información sobre qué ocurrió con el preso político.
Sobre el caso
Quero Navas, de 51 años, fue arrestado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, presuntamente “sin orden judicial”, según denuncias de abogados y familiares.
Desde entonces, su madre, Carmen Teresa Navas, acude a distintas instituciones del Estado en busca de información, sin recibir confirmación sobre su ubicación ni su estado de salud.
La incertidumbre llevó a que su familia insista en la exigencia de una “fe de vida”, al no existir datos oficiales recientes que confirmen dónde se encuentra.
Según organizaciones como Foro Penal, los últimos registros verificables del detenido datan de agosto de 2025, cuando habría sido trasladado a un centro asistencial por complicaciones médicas. Sin embargo, aseguran que, tras ese episodio, las autoridades habrían “dejado de reconocer su presencia en centros de reclusión conocidos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Quero Navas y su madre, al considerar que existe un “riesgo inminente para su vida debido a la falta de transparencia en torno a su situación”.
Fuente: El Cooperante
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