La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la transnacional canadiense Crystallex International Corporation en la querella que sostiene con el gobierno venezolano, logrando que el tribunal aprobara el embargo de unos 1.202 millones de dólares que la República de Venezuela tiene depositados en una cuenta del Bank of New York Mellon Corp
La minera canadiense Crystallex consiguió ante una corte en Estados Unidos una orden para confiscar fondos propiedad del gobierno de Venezuela que están depositados en una cuenta en Bank of New York Mellon Corp (BNYM).
La medida de un juez estadounidense sigue a una larga disputa de Crystallex para cobrar al gobierno sudamericano unos 1.400 millones de dólares en compensación por la nacionalización de una mina de oro que operó la compañía en esa nación hasta 2008.
Los documentos no muestran cuánto dinero tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro en esa cuenta en el banco BNYM.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos emitió el 26 de julio el auto de ejecución contra Venezuela. Crystallex lo había solicitado un mes antes, pero la decisión se hizo pública el jueves, según los registros judiciales.
Venezuela mantenía desde 1992 fondos en una cuenta de BNYM como parte del acuerdo por un contrato de 315 millones de dólares con la empresa Ingalls Shipbuilding, ahora parte de Ingalls Industries Inc, para el mantenimiento y reparación de fragatas navales de las fuerzas militares de ese país, informó la minera al tribunal.
A raíz de una disputa por ese contrato, la empresa Ingalls demandó a Venezuela ante un tribunal de Mississippi y en 2002 consiguió una orden judicial para impedir que el dinero depositado en ese banco en Nueva York fuera transferido de vuelta al país sudamericano, según una copia de la orden judicial incluida en la demanda de Crystallex.
BNYM, uno de los mayores bancos de custodia del mundo, se negó a comentar del caso. Huntington Ingalls y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La decisión se conoce cuando el sistema financiero internacional limita cada vez más las transferencias al gobierno venezolano y sus agencias, en medio de sanciones que viene aplicando el gobierno de Estados Unidos para impedir que sus ciudadanos hagan negocios con funcionarios venezolanos.