La sentencia emitida por la Sala Constitucional pide a la Fiscalía y a la Contraloría que “determinen si es procedente o no ordenar el inicio de las investigaciones respectivas, en contra del diputado Freddy Guevara”
El diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), notificó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió este viernes una sentencia a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República para que abran una investigación en su contra por haber denunciado la presunta corrupción de Rafael Ramírez en PDVSA.
La sentencia emitida por la Sala Constitucional pide a la Fiscalía y a la Contraloría que “determinen si es procedente o no ordenar el inicio de las investigaciones respectivas, en contra del diputado Freddy Guevara”.
Esto debido a que, según el texto, pudo haber “pretensión de actuar como representante del Estado en territorio extranjero” cuando el opositor Guevara acudió a la sede de la ONU en Nueva York para “notificar” a Ramírez sobre la investigación que dirigían en su contra.
Para el Supremo, tal actuación del parlamentario “advierte la probable usurpación de atribuciones” -que le corresponden al Ejecutivo-, y por las que se pueden “generar responsabilidades”.
El parlamentario catalogó la medida como algo “insólito”, ya que sacan un fallo “protegiendo a Ramírez y ordenando investigarme a mí”. Su mensaje fue a través del Twitter, donde publicó que al Poder Judicial “no le molesta el desfalco de más de 11mil millones de dólares que demostré de la gestión de @RRamirezVE, sino que lo haya investigado yo”.
Calificó a los magistrados del máximo tribunal como “cómplices de la corrupción. Si la investigación contra @RRamirezVE es falsa, ¿por qué tantos presos por la Faja? No pararé”. Aseguró que el amedrentamiento en su contra no impedirá su deber como parlamentario. “Ni las amenazas ni la represión harán que deje de ejercer mi labor y deber como diputado, vicepresidente de la AN y venezolano”.
El pasado 16 de noviembre el Parlamento declaró la responsabilidad política de Rafael Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa, (presidente de una filial de PDVSA), por su presunta implicación en casos de corrupción, luego de que la Comisión de Contraloría del Parlamento investigara a la estatal petrolera.
Una semana después, Guevara, en ese entonces presidente de la esa comisión, solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación contra Ramírez por estos hechos de corrupción que representarían, afirmó, un desfalco de más de 11 mil millones de dólares.
Ese día, Guevara consignó un expediente en el que, según él, hay “más de 3.000 documentos probatorios” de “irregularidades administrativas”.