El gobierno de Donald Trump anunció este martes 25 de febrero que planea exigir a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos que se inscriban en un registro y proporcionen sus huellas dactilares.
Los migrantes que no acaten esta exigencia pueden enfrentar un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel, una escalada respecto a su condición migratoria actual, considerada un delito civil.
La medida busca en realidad presionar a millones de indocumentados que viven en EE. UU. para irse del país por su propia cuenta, dado que la inscripción en el registro proporcionaría datos al Gobierno para su deportación, pero incumplirlo podría suponer penas de cárcel.
“El presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora”, dijo la portavoz de ese departamento, Tricia McLaughlin.
“Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, añadió en un comunicado publicado por The New York Times.
Los padres de indocumentados mayores de 14 años también deberán inscribir a estos menores de edad en el registro.
Este registro tiene como base legal una ley en desuso aprobada durante la Segunda Guerra Mundial para que los migrantes indocumentados que llegaban al país se inscribieran.
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