El Gobierno de Donald Trump acudió este sábado a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar que se levante el bloqueo temporal que impide la deportación de un grupo de migrantes venezolanos hacia El Salvador, luego de que una orden de emergencia emitida durante la madrugada paralizara el proceso.
El recurso, firmado por el procurador general John Sauer, busca no solo que se autorice la reanudación de los vuelos de expulsión, sino también que las cortes de menor instancia puedan resolver el caso.
La acción del Ejecutivo republicano responde a una apelación presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que en la medianoche del viernes pidió al Supremo que frenara lo que calificó como un traslado “inminente” de ciudadanos venezolanos detenidos en un centro del estado de Texas.
Según ACLU, la administración Trump estaría violando una orden judicial previa al intentar deportar a los migrantes sin otorgarles un “tiempo razonable” para presentar su defensa legal.
La organización además denunció que los migrantes recibieron la notificación de expulsión en inglés, a pesar de que muchos de ellos solo hablan español.
El Gobierno, por su parte, sostiene que los detenidos fueron informados con antelación sobre el procedimiento y que no se les está expulsando bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.
En su petición, también calificó de “prematura” la intervención de la ACLU y subrayó que la apelación de la organización omitió pasos procesales al dirigirse directamente al máximo tribunal del país.
Aseguran que un 90 % no tiene antecedentes
La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada en el pasado en tiempos de guerra, permite la deportación de ciudadanos de naciones consideradas hostiles.
La Casa Blanca acusa a los migrantes de estar vinculados a la megabanda criminal Tren de Aragua, que ha sido catalogada como grupo terrorista por la actual administración.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE. UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
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