La sentencia que emitió ayer el TSJ indica que "la inmunidad parlamentaria lo detentan única y exclusivamente las personas que están en el ejercicio efectivo", lo cual deja sin posibilidad de libertad a los parlamentarios suplentes detenidos hace más de dos años
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió ayer una sentencia en la que declaró que solo los diputados que se encuentren en "ejercicio" gozarán de inmunidad parlamentaria, luego de que el pasado mayo opositores solicitaran la liberación de tres legisladores suplentes que están presos desde hace más de dos años.
"La inmunidad parlamentaria lo detentan única y exclusivamente las personas que estén en el ejercicio efectivo (...) por lo que los diputados suplentes sólo gozan de inmunidad cuando efectivamente suplan las faltas de los principales y con ocasión a las actuaciones desplegadas en ese tiempo", dice la sentencia del Supremo.
Con esta sentencia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró "inadmisible" la demanda interpuesta por los diputados opositores del partido Voluntad Popular, Gaby Arellano y Sergio Vergara, el pasado mes de mayo, en la que solicitaron la liberación de los ciudadanos Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo.
La Sala Constitucional del TSJ asegura que Gaby Arellano y Sergio Vergara "no demostraron que su situación jurídica subjetiva hubiese sido afectada por la privación de libertad de los ciudadanos que (...) fueron electos diputados suplentes de las circunscripciones de los estados Táchira y Aragua".
El pasado mayo la diputada Gaby Arellano protestó frente al TSJ por unas horas junto a otros activistas de Voluntad Popular para exigir la liberación de Mantilla, Prieto y Sojo.
En la protesta participó la diputada Manuela Bolívar, también militante de Voluntad Popular, e indicó que no había "ninguna razón para que no se les" permitiera a los diputados suplentes "incorporarse y ser la voz de los electores que ellos representan".
Mantilla, Sojo y Prieto fueron detenidos antes de ser elegidos diputados, tras ser acusados de la violencia de las protestas antigubernamentales de febrero de 2014, sin embargo, la oposición venezolana, que les califica de "presos políticos", exige que sean liberados porque, sostienen, les ampara su "inmunidad parlamentaria".